ESCUCHARAriel Lijo, el juez federal que Javier Milei propuso para la Corte como relevo de Elena Highton, pasó por la Comisión de Acuerdos del Poder Legislativo, que analiza su pliego, y respondió preguntas.
En la previa de la audiencia pública en la Cámara Alta -y a horas de que la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmara que carece de “los pergaminos necesarios” para integrar la Corte y que su candidatura “partió a la sociedad”-, el Gobierno difundió un mensaje en defensa de su postulación en el que insistió con que tiene “acreditada idoneidad”, trayectoria y una “notable formación jurídica”.
En el comunicado, que fue leído en el recinto, consignó que ejerció un “rol destacado” en la investigación de delitos complejos, como corrupción, narcocriminalidad y trata. A su vez, citó el apoyo que le dieron diferentes organizaciones; entre ellas, la Asociación Mundial de Juristas; el Foro Legal Internacional; la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas; la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo.
Preguntas
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 contestó una serie de preguntas formuladas por los senadores.
Consultado sobre los eventuales cambios que propondría para mejorar el sistema de administración de Justicia, respondió que la Corte puede mejorarlo “reasignando recursos y superintendencia”.
“Me parece que las grandes transformaciones son en conjunto del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluso del Poder Ejecutivo”, agregó.
“La Corte debería trabajar esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuestas a los problemas que tienen las personas. La Corte debe enfocarse en el acceso a la Justicia, no sólo para garantizar que haya mayor facilidad para litigar. Hay una barrera cultural y social que hay que resolver”, sumó.
Categorías de conflictos
En ese sentido, planteó que es central simplificar el acceso a la máxima instancia y segmentar la respuesta ante las distintas categorías de conflictos. “No puede ser que sigamos respondiendo a todos los conflictos con las mismas personas, los mismos métodos, los mismos tiempos y la misma estructura”, dijo.
Sobre la celeridad, indicó que no todos los casos son de “una gravedad fenomenal” y que la “gran mayoría” de las causas que llegan a los tribunales son menores y vinculadas a la vida cotidiana de las personas.
El juez opinó que la Corte debe motorizar “políticas e iniciativas que resuelvan los casos a menor cuantía” y tener en cuenta que los conflictos, se judicialicen o no, “son el síntoma de otras cosas que están pasando en la sociedad”.
“El Poder Judicial debe trabajar para mejorar su capacidad de respuesta, y no solamente de percepción, que es siempre subjetiva, sino en términos reales de los problemas que tiene la gente”, sumó.
En cuanto a una posible ampliación de la Corte, Lijo aseveró que no tiene una posición tomada sobre la cantidad de miembros que debe tener y que se trata de un tema que debe evaluar el Parlamento.
Interrogado sobre su opinión sobre el uso de DNU, recordó que es una atribución que la Constitución del ´94 que se usó y se usa “con distintas intensidades” y que la Corte convalidó su utilización bajo las condiciones que la Constitución establece.
Coparticipación
Sobre el régimen de coparticipación federal, estimó que es un tema que hace a la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo y las provincias. Bajo esa premisa, dijo que es “un problema de la política” y que “los actores políticos del sistema” deben trabajar para llegar a un consenso, por unanimidad o por mayoría. “No es habitualmente el Poder Judicial el que tiene que resolver esta categoría de conflictos. Las tienen que resolver los organismos que la Constitución prevé para eso”, agregó.
“Me parece que el Congreso, las provincias, un auténtico ejercicio del federalismo, es lo que tiene que resolver el esquema de coparticipación”, postuló.
Dolarización
Consultado sobre si cree que llevar a cabo el proceso de dolarización es constitucional, Lijo respondió que tiene una idea formada. “No es algo que haya estudiado en profundidad todavía”, aclaró, y pidió que se lo dispensara de dar una opinión.
Ante la pregunta sobre si considera que cumple con las exigencias para ingresar a la Corte, el magistrado señaló que las condiciones están en la Constitución. “Cumplo con todos esos requisitos y, como dije en la presentación inicial, creo que estoy en condiciones de hacer un aporte en muchos aspectos de la vida institucional de la Corte, no solamente en la función jurisdiccional, sino también en una función adicional que tiene que ver con otros roles que la Corte ya viene trabajando y en los que me parece que hay que profundizar”, manifestó.
Lijo recalcó sus 20 años de experiencia en el Poder Judicial y su “contacto con las personas”, directo, “y no con expedientes de papel”.
Sobre la AMIA y la Embajada de Israel, el magistrado valoró que es “indispensable” que se cree una secretaría especial que investigue, en el ámbito de la Corte, y juzgó que el antisemitismo es “si dudas” la causa de los dos atentados.
“¿No cree que presentándose a concurrir está violando las normas vigentes, como el decreto sobre la paridad de género?”, preguntó Pablo Blanco, senador de la UCR. “El presidente hizo su voluntad. No creo que al haber aceptado esté violando una norma”, respondió el magistrado.
Inicio
Al inicio de la audiencia, antes de la ronda de preguntas, tras detallar su recorrido en la Justicia, Lijo remarcó que la Corte está integrada por académicos y jueces que provienen de otros sectores de la actividad jurídica y aseguró que él sería “un representante del Poder Judicial” en el alto tribunal.
En otro tramo de su alocución, afirmó que la función de los jueces no se agota en resolver. Al respecto, dijo que su rol es “mantener la supremacía de la Constitución” y que “pueden controlar los procesos de producción democrática y la continuidad de la práctica constitucional”.
Bajo esa premisa, se refirió a los aportes que podría hacer y valoró que hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia.
“Debe haber una sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de los conflictos. La respuesta del Poder Judicial no puede ser meramente la resolución del caso sin asumir que hay otras consecuencias”, indicó.
También consideró que la Corte debe tener una política que implique “la tutela efectiva” de casos que involucren violencia doméstica, género, laboral, de menores y adicciones.
Así, estimó que se deben establecer “delegaciones” donde hay mayor nivel de conflictividad.
Sobre la modernización de la Justicia, consideró importante el trabajo en conjunto con el Congreso para encontrar “mecanismos que simplifiquen” porque “no es viable el nivel de litigiosidad con el que convive la Corte”.
