viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

La Fundación Apolo pidió quitar la pensión a Fernández por falta de honor

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La Fundación Apolo, reconocida por su lucha contra la corrupción en Argentina, ha presentado un reclamo administrativo ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), solicitando la eliminación de la pensión vitalicia otorgada al ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández. El pedido se fundamenta en presuntas irregularidades y actos que la fundación considera incompatibles con el carácter honorario de dicha asignación.

La Fundación Apolo, liderada por su director general y diputado porteño Yamil Santoro, junto con los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, fundamentaron su solicitud de anulación de la pensión vitalicia de Alberto Fernández en varios puntos. Entre ellos, destacan que la pensión vitalicia debe otorgarse en base a «criterios de mérito y honor», los cuales, según la fundación, el ex mandatario no cumple.

El texto del reclamo presentado ante la ANSES enfatiza que las acciones de Alberto Fernández durante su mandato no se alinean con los valores de honor y mérito que deberían caracterizar a quienes reciben este tipo de asignación. «El ex Presidente es acusado de violar la Constitución Nacional en el nombramiento de jueces y de haber incumplido con las medidas de aislamiento durante la pandemia, entre otras irregularidades», subraya el documento.

El reclamo detalla diversas acusaciones y controversias que rodean a Alberto Fernández, incluyendo su supuesta participación en el escándalo del “Vacunatorio VIP” y los presuntos favores a brókers de seguros y otras decisiones administrativas que, según la fundación, contravienen el espíritu ético necesario para ser beneficiario de una pensión vitalicia.

Yamil Santoro, al explicar el trasfondo del reclamo, señaló que es fundamental que los ex funcionarios públicos que han violado normas o han estado involucrados en actos irregulares no se beneficien de privilegios inmerecidos. «Con este reclamo buscamos corregir esta injusticia y reforzar el compromiso con una administración pública ética y responsable», afirmó Santoro.

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