ESCUCHAREl senador Maximiliano Abad (UCR- Buenos Aires) presentó un proyecto para modificar la Ley de Ciudadanía y Naturalización (446), que tiene más de 150 años, cuyos requisitos consideró “deficientes y poco sustentables”.
La normativa sancionada en octubre de 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, establece que el interesado debe tener más de 18 años, residir en la Argentina dos años continuos y expresar su voluntad de ser ciudadano.
La propuesta del radical ratifica el primer punto. Sobre el segundo, aclara que el mínimo de “dos años de residencia legal y continua en el país” deberá ser “inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, con excepción de aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hijo argentino nativo o por opción y los extranjeros que se encuentren, residiendo en carácter de refugiados”.
Otros puntos que incorpora la iniciativa de Abad apuntan a “contar con medios de subsistencia legítimos”, “tener conocimientos básicos del idioma nacional” y “prestar juramento de lealtad a la Nación, a la Constitución Nacional y a sus leyes”.
En los fundamentos de la iniciativa que llevó a la Cámara Alta, el legislador indicó que el sistema actual se basa en una norma que, con “sentido visionario”, los “padres de la patria” elaboraron “con un acierto tal que pudo ser sostenida hasta nuestros tiempos”.
En esa línea, la definió como “una ley centenaria” que “lleva consigo una inveterada interpretación jurisprudencial y doctrinaria”, lo cual, a su juicio, le da “un valor agregado que debe ser protegido”.
Recordó además que la dictadura la derogó en 1978 y que luego, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Congreso restableció su plena vigencia por medio de la Ley 23.059, “manteniendo el criterio de protección del marco normativo fundador de nuestro ser nacional”.
No obstante, Abad sostuvo que la actual legislación es obsoleta y presenta “grandes vacíos producto exclusivamente del paso del tiempo”.
En esa línea, el bonaerense señaló que uno de los objetivos esenciales de su proyecto es “volver a enaltecer y honrar a la ciudadanía argentina”.
En tanto, manifestó que la justicia federal, que entiende frente a las solicitudes de ciudadanía presentadas, está en una situación de colapso administrativo. “Durante 2023 se dictaminaron 7.307 causas de solicitud de ciudadanía, el doble de las ingresadas en 2022”, consignó. En lo que respeta al primer trimestre del 2024, aseguró que el judicial dictaminó en más de 3.200 expedientes.
Así, planteó que la modificación legislativa es necesaria para la justicia, ya que va a brindar herramientas respecto de los requisitos y procesos y ello permitirá que el curso de las causas sea el mismo, pero que la cantidad de expedientes “posiblemente disminuya”; ello así, porque la ley actual “exige requisitos mínimos” mientras la contenida en su iniciativa “exige los indispensables para otorgar la ciudadanía”.
Casos
La iniciativa enumeró casos que llegaron a la Corte Suprema, como “Liu, Cairong s/ solicitud carta de ciudadanía”, en el cual el tribunal aseveró que la valoración del grado de dificultad en que pudiera hallarse un extranjero que no conoce el idioma castellano, así como la conveniencia de establecer la exigencia y determinar sus alcances, son aspectos que escapan al escrutinio judicial.
En el marco de aquellas actuaciones, en 2017, el procurador ante la Corte Víctor Abramovich opinó que el conocimiento del idioma nacional no es un requisito para acceder a la ciudadanía argentina.
Lo hizo al dictaminar a favor de la parte actora, una mujer de origen chino.
El caso llegó ante la máxima instancia por un recurso extraordinario contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que revocó el fallo que le otorgó a Liu la ciudadanía por naturalización.
A su turno, la Alzada estimó que la exigencia de conocimiento del idioma, si bien no es un requisito expreso en la Ley 346, constituye “una exigencia implícita” porque es imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos. Así, consideró que el manejo mínimo del castellano “es una condición esencial a la calidad de ciudadano argentino”.
En este escenario, Abramovich analizó el decreto reglamentario 3213/84 respecto a las condiciones que deben cumplir los extranjeros al momento de solicitar su naturalización y concluyó que el conocimiento del idioma nacional no es un requisito expresamente previsto.
Recordó que el requisito de conocimiento del idioma fue incluido en la normativa sobre la materia durante la dictadura y que con la recuperación de la democracia se restableció la ley originaria, que no lo contempla.
“Cuando el legislador decidió restituir el texto original de la Ley 346 lo hizo con la intención de restablecer el sistema de requisitos básicos de acceso a la ciudadanía y suprimir aquellos otros que habían sido incorporados por el gobierno de facto”, resaltó. “Mal podría entenderse que el conocimiento del idioma nacional constituye un requisito implícito”, concluyó.
El procurador consignó que tampoco resulta plausible el argumento de que “es una condición imprescindible” para ejercer los derechos políticos. “La normativa electoral no establece este recaudo para ejercer derechos electorales activos ni pasivos. Tampoco resulta posible vincular el dominio del idioma nacional con las cualidades que requiere la convivencia ni con la ética que demanda el ejercicio de una función pública”, enfatizó Abramovich.
