La diputada radical Soledad Carrizo presentó un proyecto de ley para reglamentar los procesos judiciales de restitución internacional de menores que indebidamente se encuentren fuera del Estado de su residencia habitual.
La cordobesa explicó que Argentina tiene aprobado dos convenios internacionales para los casos de traslados o de retención ilícita internacional, que establecen procedimientos y pautas generales para asegurar su restitución al estado de residencia habitual.
En ese sentido, indicó que en el año 2000 se aprobó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y recalcó que el país está en falta al no tener una ley propia que adopte internamente el procedimiento judicial para tramitar la pronta restitución.
Precisó además que la iniciativa es el resultado de un trabajo de revisión y modificación de algunos aspectos del proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en 2018 al Congreso, que tuvo media sanción en el Senado 2019 y fue remitido para su revisión a Diputados.
Recordó que, a pesar de las solicitudes de tratamiento, la media sanción no se abordó, el texto perdió estado parlamentario en 2021 y no volvió a analizarse.
Carrizo sostuvo que la falta de sanción de aquel proyecto puso a la Argentina “en una situación de responsabilidad internacional por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos”; especialmente, de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Bajo esa premisa, sostuvo que avanzar en la materia es “un deber y una deuda” en materia de protección de la infancia.
Carrizo adelantó que la nueva propuesta se presentó con el objetivo de retomar el tratamiento de la norma que tuvo la aprobación unánime de la Cámara Alta hace cuatro años. Aclaró que tiene agregados y modificaciones que surgen de un exhaustivo trabajo de relevamiento y análisis de leyes provinciales actualmente vigentes.
Córdoba
Puntualizó que reproduce la media sanción de 2019, pero incorpora muchas modificaciones y cambios en redacción que fueron acordados en varias reuniones y revisiones que ella y sus pares tuvieron con la jueza de enlace internacional de Argentina y jueces de familia de Córdoba que tienen competencia para la restitución de menores.
Carrizo señaló que el articulado toma los términos de la media sanción de 2019, incorporando cambios como la inclusión de una sistemática o metodología de organización legislativa en capítulos y la mención expresa del derecho de los niños a ser escuchados y a que el trámite se haga de forma segura, así como los principios procesales de celeridad, inmediatez y oralidad. En tanto, consignó que suma los regímenes comunicacionales como objetivo de los procesos en cuestión y la posibilidad de las partes de ofrecer peritos de control como medios de prueba.
El texto de la iniciativa alcanza casos de niños y adolescentes que salieron de un país en forma ilícita, y también de aquellos que, habiendo salido lícitamente, no retornan al de su residencia habitual en los plazos estipulados, configurándose así la condición de ilicitud de su retención, frente a lo cual se llevan adelante los trámites y procesos necesarios para garantizar el respeto y efectivo ejercicio del derecho de contacto o visitas en relación a un infante con residencia habitual en la jurisdicción argentina.
El procedimiento que se establece es de aplicación en todo el territorio de la Nación y a todas las solicitudes que tramiten mediante las convenciones internacionales, ya sea que la presentación se realice de manera directa, a través de autoridades centrales, por la vía diplomática o consular o por exhorto.
Cámara Alta
En julio de 2019, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que establece un procedimiento judicial expeditivo para la resolución de casos comprendidos en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
La iniciativa respondió a los requerimientos de especialistas, de la Corte Suprema y de otros tribunales, por las demoras de los trámites.
A fines de 2016 el senador Pedro Braillard Poccard presentó un proyecto de ley, luego reproducido en 2018, que contempla un procedimiento especial que permite abreviar los plazos, a fin de que el regreso de los niños involucrados, en caso de corresponder, sea inmediato.
En el ámbito del Ejecutivo se redactó un texto similar, que ingresó al Senado en noviembre de 2018 y se tomó como base para el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, teniendo a la vista el texto de Braillard Poccard.