ESCUCHAREl tributarista Marcos Sequeira aborda las críticas y desafíos que enfrenta su implementación y ofrece recomendaciones a la hora de su acogimiento
“En el contexto de la reciente aprobación de las leyes 27742 y 27743, conocidas popularmente como las leyes de blanqueo y moratoria, estas leyes, que buscan regularizar la situación fiscal de los contribuyentes y fomentar la recaudación de impuestos en Argentina, han generado un gran debate en el ámbito económico y legal”, señaló en diálogo exclusivo con Factor, suplemento de Comercio y Justicia, Marcos Sequeira, experto en derecho tributario y financiero.
El profesional brinda un análisis detallado sobre los objetivos, características y beneficios de estas normativas, así como sus posibles impactos en la economía argentina a corto y largo plazo.
– ¿Podría explicar brevemente en qué consisten las leyes recientemente aprobadas?
– Las leyes 27742 y 27743, conocidas comúnmente como las leyes de blanqueo y moratoria, respectivamente, son medidas fiscales implementadas por el Gobierno argentino para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes y fomentar la recaudación de impuestos. La ley 27742 establece un régimen de blanqueo de capitales, permitiendo a los contribuyentes declarar bienes y activos no registrados previamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bajo condiciones favorables. La ley 27743, por otro lado, implementa una moratoria fiscal, permitiendo a los contribuyentes regularizar deudas fiscales, previsionales y aduaneras mediante planes de pago con beneficios como la condonación de multas y la reducción de intereses.
– ¿Cuáles son los principales objetivos del gobierno al implementar estas leyes?
– Los principales objetivos son varios. Primero, se busca incrementar la recaudación fiscal a corto plazo mediante la declaración voluntaria de bienes y el pago de tributos adeudados. Segundo, se pretende ampliar la base imponible al incorporar activos y contribuyentes previamente no registrados en el sistema fiscal. Tercero, se busca estimular la economía formalizando capitales que hasta ahora estaban fuera del circuito económico oficial. Finalmente, se espera generar un mayor control y transparencia fiscal a largo plazo, creando un marco más riguroso y claro para el cumplimiento tributario.
– ¿Cuáles son las principales características y beneficios que ofrecen estos regímenes a los contribuyentes?
– En cuanto al blanqueo, la ley 27742 ofrece la posibilidad de declarar bienes y activos no registrados hasta una determinada fecha con un costo fiscal reducido, mediante el pago de un impuesto especial que varía según el tipo y el monto del bien declarado. Los contribuyentes que se adhieran a este régimen pueden evitar sanciones penales, administrativas y fiscales que normalmente aplicarían por la tenencia de bienes no declarados. La moratoria, establecida en la ley 27743, permite regularizar deudas fiscales acumuladas hasta cierta fecha mediante planes de pago en cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas. Además, ambos regímenes ofrecen beneficios adicionales, como la posibilidad de compensar deudas con saldos a favor de libre disponibilidad.
– ¿En qué se diferencian básicamente una moratoria y un blanqueo?
– Ambos regímenes disminuyen la carga fiscal original, pero tienen alcances y objetivos diferentes. El blanqueo comprende solamente la exteriorización de bienes ocultos, permitiendo a los contribuyentes declarar activos no registrados previamente sin enfrentar sanciones. Por otro lado, la moratoria puede incluir tanto la exteriorización de bienes ocultos como la regularización de obligaciones declaradas e impagas o no declaradas, pero que no responden a la exteriorización de bienes ocultos. En resumen, la moratoria tiene un alcance más amplio al abarcar diversas obligaciones fiscales, aduaneras y de seguridad social.
– ¿Qué impacto cree que tendrán estas leyes en la economía argentina a corto y largo plazos?
– A corto plazo, estas leyes deberían generar un incremento significativo en la recaudación fiscal, lo que puede ser muy beneficioso para un gobierno necesitado de recursos para afrontar el gasto público y la inversión en sectores críticos. La inyección de capitales formalizados en la economía también puede tener un efecto positivo en términos de inversión y consumo, dinamizando el mercado interno. A largo plazo, el impacto dependerá de la eficacia en la implementación y el cumplimiento de estas medidas. Si se logra consolidar una mayor base de contribuyentes formales y un mayor control fiscal, podríamos ver una mejora sustancial en la recaudación tributaria y una reducción de la evasión fiscal. Esto, a su vez, podría traducirse en una economía más sólida y un sector público con mayores recursos para implementar políticas de desarrollo.
– ¿Qué críticas o desafíos enfrenta la implementación de estas leyes?
– Existen varias críticas y desafíos. Por un lado, algunos sectores critican estas medidas por considerar que benefician a quienes han incumplido sus obligaciones fiscales en el pasado, generando una sensación de inequidad respecto a los contribuyentes que han cumplido regularmente. También se señala que estas leyes pueden generar incentivos perversos, alentando a algunos a no cumplir con sus obligaciones fiscales a la espera de futuros blanqueos o moratorias. Desde el punto de vista de la implementación, el desafío principal es asegurar un proceso transparente y eficiente, evitando abusos y asegurando que los beneficios se utilicen para fomentar una mayor formalidad y cumplimiento tributario en el futuro. Además, la capacidad administrativa de la AFIP para gestionar un aumento significativo en las declaraciones y regularizaciones será clave para el éxito de estas medidas.
– Finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para los contribuyentes que estén considerando adherirse a estos regímenes?
– Mi recomendación principal es que los contribuyentes analicen detenidamente su situación fiscal y los beneficios específicos que pueden obtener al adherirse a estos regímenes. Es fundamental contar con asesoramiento profesional para evaluar las mejores opciones y asegurar que el proceso de declaración y regularización se realice de manera correcta y completa. Además, los contribuyentes deben considerar los beneficios a largo plazo de formalizar su situación fiscal, no sólo en términos de evitar sanciones sino también en cuanto a la posibilidad de acceder a beneficios y servicios del Estado, así como mejorar su reputación y solvencia financiera. En resumen, es una oportunidad para regularizar y ordenar sus finanzas, lo que puede redundar en beneficios tanto personales como empresariales a futuro.
