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“República” es una palabra que proviene, como tantas otras en nuestro idioma, del latín “res-publica”, que significa “cosa oficial” o “cosa pública”. En la lengua de los romanos, “res” significa “cosa”, en tanto pública viene de “populus”, es decir pueblo.
Valga esta introducción etimológica, que tal vez no sea de necesidad para el lector advertido, para situar la cuestión a tratar en sus justos términos y dar magnitud de su importancia.
Un valor fundante y de base en una República es el de la igualdad. Al respecto, nuestra Constitución es clara. Luego de establecer que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución” en su primer artículo, fija la igualdad como valor principal a lo largo de todo el articulado (una persona, un voto; idénticos derechos civiles para extranjeros que para nacionales, entre otros), pero en particular en el art 16 deja expresamente sentado: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
En nuestro país, la democracia es, después de muchos vaivenes, el sistema vigente, el cual, si bien formalmente funciona, en la práctica, presenta algunas debilidades, generadas, en gran medida por muchos de quienes se llenan la boca con la palabra democracia, pero que, sus actos, contradicen su discurso.
Uno de esos graves déficits se halla dado por ciertos representantes de la ciudadanía quienes se creen que están ubicados unos cuantos escalones por arriba de sus representados. Recordamos a modo de ejemplo de lo que decimos, las recientes palabras de dos legisladores nacionales, por un lado el diputado Pichetto, quien -al plantear la derogación de la ley que habilita el cobro de las llamadas jubilaciones de privilegio- manifestó que eso era un desatino ya que ellos eran quienes hacen patria, (cuando quienes la hacen de verdad, son todos los argentinos que trabajan, estudian y cumplen con sus obligaciones) preguntando a modo de cuestionamiento a la media, si lo que se pretende, es que un presidente, vice o quien haya cumplido un cargo que le permite beneficiarse con ese tipo de “reconocimientos”, vaya a trabajar a una fábrica, como si trabajar, fuese un deshonor, cuando en realidad lo honraría. O de la misma manera, el senador Martín Lousteau, quien dijo que ellos (por lo senadores) no podían ganar lo mismo que un cajero de banco.
Dicho sentimiento de “superioridad clasista”, podríamos decir, no viene de ahora. Persiste incluso frente a las peores circunstancias sociales. Si no, valga el recuerdo, de la frase dicha en 2019 por el senador por Córdoba del Frente de Todos, Carlos Caseiro, cuanto una periodista le preguntó en una nota televisiva, frente a los ajustes a la población que se impulsaba por una ley, de qué forma la política ida a poner el hombro poniendo por caso la existencia de jubilaciones de privilegio, a lo que respondió que: “Sinceramente eso no me parece serio, porque el esfuerzo de la clase política, ¿cuál es? Yo trabajo para venir acá, no me regalan el sueldo, ¿no es cierto? Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado. La clase política no es un elemento fundacional o productivo del país, es la clase política (…) La clase política no es la que hace el esfuerzo, la clase política dicta normas”.
Más allá de que -luego, frente a la ola de indignación- pidiera disculpas formales, es revelador de un modo de pensar que se extiende mucho más allá de su autor, y hasta de las banderías políticas.
Esa distancia de la sociedad hace que la democracia se debilite ya que, en lugar de hablar por quienes los han elegido, toman decisiones desde la pertenecía a su grupo de poder, lo que se asemeja bastante más a una aristocracia que a otra cosa.
Nada bueno pasa cuando quienes elegimos para que desempeñen como servidores públicos “se la creen” y pasan a actuar de espaldas al mandato de la ciudadanía. En este punto es bueno recordar que los males o defectos de la democracia sólo se curan con más democracia. Ello pone su solución en cabeza de la ciudadanía que, además de indignarse, no debe bajar los brazos sino comenzar a ejercer más sus derechos de controlar a quienes elige, incluso con el voto.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
