La víctima del delito en el proceso penal latinoamericano

I. La problemática vinculada con la situación del ofendido en el proceso penal ocupa un lugar central en la agenda del debate dogmático penal actual, tanto material, cuanto procesal. No parece un desatino aseverar, con Maier, que “se trata de uno de los temas de moda de la política criminal y de la dogmática penal” (Maier, 2003: 582), aun cuando no se pueda decir, sin un estudio del desarrollo evolutivo del sistema penal, “que la víctima esté por vez primera en un plano sobresaliente de la reflexión penal. Estuvo allí en sus comienzos –señala el jurista mencionado-, cuando reinaban la composición, como forma común de solución de los conflictos sociales, y el sistema acusatorio privado, como forma principal de la persecución penal. La víctima –añade- fue desalojada de ese pedestal, abruptamente, por la Inquisición, que expropió sus facultades al crear la persecución penal pública y desplazó por completo la eficacia de su voluntad en el enjuiciamiento penal al transformar todo el sistema penal en un instrumento del control estatal directo sobre los súbditos” (Maier 2003: 582). Pero en los últimos años se ha producido un “redescubrimiento” de la víctima por parte de las ciencias penales, que –como explica Cancio Meliá (1998:18)- se manifiesta en muy diversos sectores. Por un lado, “en el marco de la política criminal, pueden encontrarse tendencias tanto dirigidas a una mayor protección de la víctima por parte del ordenamiento penal como preocupadas por reducir la responsabilidad de aquellos sujetos que atentan contra los bienes de víctimas que son especialmente descuidadas con éstos” (Cancio Meliá 1998:18). Dentro del derecho penal material, “las consideraciones ligadas a las víctimas van desde determinados aspectos de la legítima defensa, pasando por la relevancia que debe corresponder a la reparación de la víctima en el sistema de sanciones, hasta la cuestión del significado dentro del sistema general de imputación de la conducta de la víctima en el suceso que conduce a la lesión de sus bienes” (Cancio Meliá 1998:18). Finalmente, en el plano del derecho procesal penal, “se está desarrollando en algunos países un intenso debate acerca de las modalidades de intervención de la víctima en el proceso” (Cancio Meliá 1998:18). Es en el marco de este último debate que cabe situar la obra que ahora comento; ella se ocupa, “en su aspecto intensivo, de la situación de la víctima del delito penal en el proceso correspondiente y abarca, en su cariz extensivo, los enjuiciamientos penales de la casi totalidad de los países de la América Latina” (pág. 13). Catorce juristas americanos se abocan, precisamente, al análisis de tan relevante temática, escudriñando la posición del ofendido penal en los procedimientos penales de la República Argentina (Pedro J. Bertolino), de la República de Bolivia (Carlos Alberto Goitía Caballero), de la República Federativa de Brasil (Antonio Scarance Fernandes), de la República de Chile (Raúl Tavolari Oliveros), de la República de Colombia (Ángela María Buitrago Ruiz y Vicente Emilio Gaviria Londoño), de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (Javier Llobet Rodríguez Ll. M.), de la República de Haití (Maxi Joseph), de los Estados Unidos Mexicanos (Sergio García Ramírez), de la República del Paraguay (Alfredo Enrique Kronawetter), de la República del Perú (Arsenio Oré Guardia), de la República Dominicana (Félix D. Olivares Grullón), de la República Oriental del Uruguay (Raquel Landeira) y de la República de Venezuela (Darío Kosovsky y Santiago Álvarez). Aun cuando me veo tentado de referirme –al menos- sucintamente respecto de cada uno de los trabajos que integran la obra, el escaso espacio que se me concede para la presente recensión torna imposible tal desiderátum. Veamos, entonces, las características generales –o mejor: comunes- de la gran mayoría de las monografías que componen el libro. II. 1. Sin descuidar la perspectiva político criminal, los trabajos se encaran con método dogmático jurídico –y, consecuentemente, con carácter descriptivo-, habida cuenta que se desarrollan mayoritariamente en función del derecho positivo de cada uno de los países nombrados, de lo jurídicamente construido en ellos. La apuntada circunstancia muestra un aspecto de la colectánea que la hace merecedora de encomio, pues aporta las bases para el estudio comparativo de los distintos ordenamientos jurídicos, estudio que, como es sabido, reviste trascendencia singular para el conveniente desarrollo de los órdenes jurídicos vigentes en los diferentes Estados nacionales. En esta sintonía, el coordinador del libro, Dr. Pedro J. Bertolino, expresa: “...Aspiramos a que los tratamientos particulares contenidos en esta obra puedan ser de utilidad para una posible construcción dogmática comparatista, que potencie y delimite con justicia y justeza, sobre todo, los derechos del paciente del delito penal en cada uno de los países comprendidos en tal construcción” (pág. 14). 2. La aproximación dogmático jurídica que los autores escogen como preponderante, en modo alguno les impide postular las aportaciones críticas que se estiman oportunas. Tampoco les imposibilita encarar, desde el punto de vista político criminal, nuevos problemas que, no obstante la generalizada previsión normativa de la situación del ofendido penal por parte de los diversos sistemas de enjuiciamiento criminal –o acaso, debido a las concretas regulaciones jurídicas que tales sistemas consagran-, reclaman ser resueltos adecuadamente. Conforme refiere el propio Bertolino, de esa nueva problemática es dable mencionar, entre otros, la manifestación del delito penal bajo su perfil de conflicto entre autor y víctima; la ubicación de esta última en el marco de la garantía del debido proceso, con el aditamento de su derecho a éste; y la posibilidad de construir dogmáticamente la figura de la “víctima a secas”, como así también el análisis de la eventual intervención del ofendido en procedimientos especiales del tipo del juicio abreviado o del procedimiento de la suspensión condicional del juicio, ahora de corriente trato en América Latina (pág. 14). 3. No puedo dejar de recurrir nuevamente al coordinador de la obra para sindicar ciertas notas características de la mayoría de las investigaciones en ella contenidas que son, a mi ver, decididamente acreedoras de especial mención. Primero, se advierte “una llamativa coincidencia en situar el problema de la víctima dentro del proceso en las coordenadas constitucionales” (pág. 14), lo que pone en evidencia un tratamiento acertado del objeto de estudio, en función de la incontrovertible comprensión del derecho procesal penal como reglamentario del derecho constitucional. En segundo lugar, “se manifiesta una pareja ubicación sistemática de la cuestión tratada en las nuevas líneas de transformación latinoamericana hacia el método acusatorio” (pág. 14), que emplaza las aludidas monografías en la plausible concepción dogmático jurídica que reconoce ese método “como presupuesto que protege la imparcialidad del juez frente al caso” (Álvarez 1996:422). Por último, “en ciertos trabajos se hace, en coincidencia, fuerte hincapié en la dimensión sociológica del mundo jurídico, básicamente en la postergación social de las víctimas, desmedro que supera al propio proceso judicial en que ellas se colocan” (pág. 14). Dicho énfasis, saludable, conduce a reflexionar si -como afirma Beristain Ipiña- los operadores del proceso penal deberíamos pretender “no sólo una respuesta finalista, funcionalista, a la criminalidad, sino una transformación de la realidad toda con miras a adoptar otra perspectiva, otra axiología, en el encuentro dialogal de la dogmática penal con la victimología, en un horizonte más amplio” (Beristain Ipiña 2003:498), para así “crear una cultura y una cualidad de vida más solidarias e incluso una justicia más asistencial hacia los desfavorecidos, los vulnerados, más atenta a los «roles de mutua ayuda a nuestros conciudadanos»” (Beristain Ipiña 2003: 498 y 499). III. A las circunstancias resaltadas se añaden el carácter llamativamente abarcador de la colectánea y el consistente análisis que se lleva a cabo de la temática escogida. Todo ello, indudablemente, coloca a “La víctima del delito en el proceso penal latinoamericano”, merecidamente, en el escaparate de las obras de singular trascendencia para los estudios de la dogmática penal procesal y del derecho criminal adjetivo comparado.

La víctima del delito en el proceso penal latinoamericano

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