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Bs. As., 10 de setiembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 123.487/07 del registro de la Superintendencia de Servicios de Salud; las Leyes Nº 19.032, Nº 23.660, Nº 23.661, Nº 24.241, Nº 24.557, Nº 25.239, Nº 26.222 y los Decretos Nº 2284 de fecha 3/10/1991, Nº 290 de fecha 31/3/2000; Nº 491 de fecha 20/4/2004, Nº 313 de fecha 29/3/2007; Nº 1346 de fecha 4/10/2007 y Nº 279 del 19/2/2008; y
CONSIDERANDO:
Que el art. 9º de la Ley Nº 24.241, modificado por la Ley Nº 26.222, determina un límite para el cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), fijando que las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el valor del módulo previsional (MOPRE) definido en el art. 21 de la Ley Nº 24.241, mientras que en lo relativo al cálculo de los aportes previstos en los incs. a) y c) del art. 10 de la citada norma la base imponible tendrá un límite máximo equivalente a setenta y cinco pesos (75) el valor del módulo previsional. Que diversas áreas del Estado Nacional han opinado que mediante esa modificación se diferencia la base imponible a tener en cuenta por los distintos subsistemas de la Seguridad Social, expresándose que los aportes al sistema jubilatorio tendrían como base 75 Mopres y las contribuciones sin tope, mientras que los aportes y contribuciones al resto de los subsistemas de la Seguridad Social mantendrían el límite de 60 Mopres fijados por el Decr. Nº 290/00. No obstante ello, mediante el Decr. Nº279/08 se han incrementado a partir del 1º de marzo de 2008 los haberes de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público, y con ello el límite máximo a que se refiere el art. 9º de la Ley Nº 24.241 y sus modif., para el cálculo de los aportes previstos en los incs. a) y c) del art. 10 de la citada norma, el cual tendrá un monto equivalente a noventa con setenta centésimos (90,70) de veces el valor del Mopres. Que el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados integran el Régimen de la Seguridad Social, ya que tanto el artículo 85 del Decreto Nº 2284/91, que crea el Sistema único de la Seguridad Social (SUSS), como el art. 87 del mismo, que define qué aportes y contribuciones comprende la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS), exponen que también se encuentra en ella los que tienen como destino esos aportes y contribuciones. Que mediante la Ley Nº 24.557 se ha previsto que las contingencias y situaciones allí cubiertas también integran el SUSS. Que la Constitución Nacional determina que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas (art.16, CN), por lo que se clasifica a los contribuyentes y a la materia imponible sobre la base de criterios razonables esencialmente influidos por la capacidad contributiva de los sujetos llamados a atender las cargas. Que en cumplimiento de esta manda constitucional, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 han instituido un sistema con carácter obligatorio, eminentemente contributivo, basado en el principio de solidaridad, con efecto redistributivo, de donde resulta la imposición del deber legal de asistencia recíproca entre los miembros de la comunidad de beneficiarios, recargando la mayor obligatoriedad sobre los que más tienen, en beneficio de los que menos tienen. Que el Gobierno Nacional se encuentra abocado al diseño de políticas tendientes a fortalecer el financiamiento del Sistema único de la Seguridad Social con recursos genuinos. Que atendiendo a los principios de igualdad tributaria y solidaridad social, resulta oportuno entender que la reforma al art. 9 de la Ley Nº 24.241 por parte de la Ley Nº 26.222 hace también referencia a todos los subsistemas de la Seguridad Social y, en consecuencia, corresponde fijar para éstos los mismos límites que dicho artículo fija para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud ha tomado la intervención que le compete. Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo Nacional por el art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional.
Por ello,
La Presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:
