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El ordenamiento arancelario de la Provincia de Córdoba Ley N° 9459 (publicada en BOC 17/1/2008) ha establecido que “en caso de transacción, el monto acordado será la base regulatoria para los letrados intervinientes en la misma. Ésta no vincula a los letrados que hayan intervenido en la causa y no hayan sido parte de la transacción.” (Art. 31, inciso “3”).
El texto de la norma es diferente del que empleaba la ley anterior (art. 29 inciso “3”, ley 8226) que establecía:
Es decir, a partir de ahora no quedan dudas en el sentido de que el monto del acuerdo obliga y es oponible como base regulatoria sólo a aquellos abogados que intervinieron en la transacción y no así a quienes no fueron parte, despejando de tal manera incógnitas u oscuridades que se presentaban en la redacción empleada por la anterior 8226.
Entendemos necesario comenzar por repasar algunos conceptos aplicables a la transacción, a la base regulatoria en general, y luego establecer la injerencia de esos principios y reglas en materia de honorarios por transacción.
Digamos también que la transacción a la que se refiere el mentado artículo 31 de la ley arancelaria es uno de los llamados “modos anormales de terminación del proceso”, y por ello cuenta con una norma particular que indica cómo deben regularse los honorarios. Esos “modos”, que se encuentran previstos en el ordenamiento procesal en la Sección 3ª. del Capítulo V del CPC, son: desistimiento (arts. 349/351), allanamiento (art. 352), transacción (art. 353) y perención de instancia (art. 339/348) y tienen la virtualidad de concluir la relación jurídica procesal, pues se trata de actos procesales unilaterales o bilaterales que requieren capacidad necesaria para estar en juicio, expresa voluntad de la o las partes que intervengan en el pleito y que los derechos sustanciales que constituyan su objeto sean disponibles. En todos los casos se hace necesaria la intervención judicial, ya que el proceso es un instrumento de gobierno regulado por la ley, que se instruye y concluye por obra del juez.
Ese carácter público impone fijar el momento preciso en el cual concluye la instancia y en esa oportunidad resolver el pago de las tasas y tributos fiscales, honorarios de profesionales y destino final del expediente.
Es importante además considerar –y lo señalamos desde ahora– que conforme el Código Arancelario vigente, artículo 44,
La transacción es un modo extintivo de las obligaciones, conforme la ubicación dada en el Código Civil, y produce como efecto característico y fundamental la extinción de los derechos y obligaciones que han sido objeto de ella, es decir, de los derechos y obligaciones que las partes entienden renunciar, y éstas no pueden –en adelante– exigirse nuevamente el cumplimiento de estos derechos u obligaciones porque la transacción hace para ellas las veces de una sentencia; o, como establece el artículo
En el ámbito del derecho procesal se trata de uno de los modos anormales de terminación del proceso; una vez homologada, es equiparable a una sentencia definitiva y tiene como ésta, sus efectos; alcanzan a todos los que han participado del proceso, mejor dicho, a todos los que transigieron.
Si bien el concepto de acto o negocio jurídico se aplica principalmente en el campo del derecho privado, tal cual lo dan a entender quienes lo definen como una declaración de voluntad privada –por lo que quedarían fuera del concepto las manifestaciones o declaraciones de voluntad de los funcionarios públicos, en cuanto órganos del Estado, como son las sentencias de los jueces, los actos legislativos, los decretos de la administración, etc.,– no han faltado autores que, dando un sentido amplio al concepto de negocio jurídico, han pergeñado una teoría particular del negocio jurídico de derecho público. Sobre el punto, piensa Bueres (1) que resulta exagerado, ya que la figura es propia del ámbito del Derecho privado, pues que el negocio jurídico es la ecuación concreta del principio de la autonomía de la voluntad, reconocido por el art. 1197, CC, lo que excluye, de por sí, los actos legislativos, las sentencias judiciales y demás antes citado.
Véase que en el ámbito del Derecho Administrativo, por ejemplo, se ha construido la categoría de los ‘actos administrativos’, derivada de la noción de acto jurídico, pero que se puede definir como
Y, en similar sentido, los llamados
, la demanda u otros actos procesales, aunque no actos o negocios jurídicos en sí mismos, pueden contener a la vez uno de éstos: así, la transacción de derechos litigiosos, la consignación de la cosa o suma debida en pago, etc., son actos o negocios, sujetos a las normas de derecho civil, sin perjuicio de las reglas que les correspondan en cuanto actos procesales.
4. Nulidad e inoponibilidad
A nuestro criterio, la transacción es inoponible a los efectos de la regulación de los honorarios de los abogados que no intervinieron en ella. La ley vigente, en el artículo 31 que hemos mencionado, dispone que en caso de transacción “ésta no
Digamos que cuando la ineficacia del acto no es total respecto de las personas, pues ciertos terceros pueden desconocerlo como si no existiera, se habla de inoponibilidad. La diferencia con la
estriba en que ésta vuelve ineficaz el acto erga omnes, o sea con relación a todos –incluyendo a las partes y a los terceros–, en virtud de un defecto de nacimiento, mientras que la
Además el vicio de la inoponibilidad puede sobrevenir al acto, pues no se refiere a la imperfección genética sino a la efectividad; de ahí que el acto subsiste, pero no para esos interesados, quienes están facultados a negarlo como tal.
Es indudable que el único caso por el cual podemos admitir la “inoponibilidad” de la transacción es cuando ella es
Sostiene Zannoni que la inoponibilidad es una categoría de ineficacia singular, en la que se deslinda la regularidad formal del negocio entre las partes y los efectos que ese negocio pretende producir respecto de terceros que se ven perjudicados.
Se trata de un negocio válido y eficaz al que se le priva de sus efectos propios con relación a ciertos terceros.
Señala Julio César Rivera
, coincidiendo con Iribarne, que los jueces tienen una errada (quizá “insuficiente” sería más ajustado) apreciación de la realidad económica; ellos se limitan a la administración de su salario y a veces –generalmente– carecen de toda referencia de los hábitos operativos de orden económico y financiero de muchos sectores de la población; especialmente no tienen la menor idea de lo que es la realidad empresaria, y
Los efectos del negocio jurídico, a contrario sensu de lo que establece el artículo 1195 del CC, no se extienden activa ni pasivamente a los “terceros”, quienes son, a su respecto res inter alios acta. Esta es la regla general que sólo reconoce las excepciones establecidas por la ley.
Quienes han sido extraños a la formación del negocio y no han contribuido a ella con su voluntad –el negocio jurídico es un acto de voluntad–, no pueden pretender para sí los derechos que de él nacen ni pueden ser obligados a satisfacer con sus patrimonios las obligaciones correspondientes.
El principio, en consecuencia, es exacto en cuanto a los efectos (directos) del acto o negocio, o sea, a los derechos y obligaciones que surgen de él. Otra cosa ha de decirse de los llamados efectos
honorarios
El artículo 19 de la ley N° 7269 (primer ordenamiento al que se dio la designación de “Código Arancelario”) establecía que “… A los fines de la regulación de sus honorarios, el monto de la transacción no es oponible al abogado que no ha intervenido en ella…”.
Posteriormente, el artículo 18 de la ley N° 8226 reproduce el texto del art. 19 de la ley 7269, pero suprimiendo el párrafo conforme al cual el monto de la transacción no es oponible al abogado que no ha intervenido.
Sobre la cuestión, expresa Adán Ferrer
que la derogación no autoriza a extraer la conclusión contraria a la norma derogada, ya que a ello se oponen los arts. 1199 y 851, CC. Esa, además, ha sido la voluntad del legislador, expresamente manifestada en la discusión parlamentaria, en la cual se aclaró que se suprimía la disposición que sobre este punto traía el anterior art. 19, en razón de que resultaba sobreabundante, ya que esa conclusión estaba expresa en la ley de fondo.
Asimismo sostiene Ferrer que omitir la actuación del abogado en la transacción, siendo que ésta ha de condicionar la regulación de sus honorarios, constituye un proceder incompatible con la buena fe que debe presidir la relación entre abogado y cliente (art. 1198, CC)
; el caso guarda analogía con la revocación incausada del mandato, que autoriza al abogado a ejecutar el pacto sobre honorarios como si su gestión hubiese resultado plenamente exitosa
.
En precedentes jurisdiccionales se sostuvo que “el art. 19, ley 7269, no hace más que aplicar el principio de la relatividad de los contratos en general (arts. 1195 y 1199, CC) y de la transacción en particular (art. 851, CC) al disponer que el monto de ésta no es oponible al abogado que no ha intervenido en su celebración, para quien el acuerdo es
El profesional que no ha concurrido a celebrar la transacción ni la ha aceptado, no está sujeto a sus efectos, simplemente porque los contratos no pueden perjudicar a terceros, haya o no dolo de las partes, cosa que el abogado no tiene necesidad de investigar ni de probar para permanecer ajeno a ella. Tampoco es razonable ligar al profesional a la transacción por la circunstancia, desde todo punto de vista irrelevante, de que subsista su condición de apoderado o patrocinante de alguna de las partes. Si él no ha intervenido en la celebración de este acto, es un tercero, por más que sea mandatario de alguno de los contratantes, de modo que no le alcanzan sus efectos, que están limitados exclusivamente a las partes”
.
Existe posteriormente jurisprudencia que ratifica esta postura pese al cambio legislativo: “Conforme lo dispuesto por el art. 29 inc. 3° de la ley 8226, corresponde tener como base económica el monto acordado en el convenio transaccional, a los efectos de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en el mismo y de los letrados que han suscripto el escrito de presentación del acuerdo aludido”
.
Era jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que el monto de la transacción es inoponible al letrado que no fue parte en ella (Fallos 310:2829; 311:926; 314:565; 318:399; 319:1612, entre otros; sostiene el Máximo Tribunal que no corresponde otorgar eficacia vinculante al acuerdo transaccional concluido sin la participación de los profesionales que asistieron a las partes, ya que ello importaría desconocer la aplicación de normas expresas de derecho sustancial, artículos 851, 1195 y 1199 del Código Civil.
En efecto, y a pesar de que la norma específica, el artículo 19 de la ley 21839 (Aranceles y honorarios profesionales) establece:
.
Expuso también el Máximo Tribunal de la Nación que “El monto consignado en un convenio transaccional –en el caso, atinente a los recargos e intereses por mora en el depósito de la cuota sindical– es inoponible al letrado que no participó en él, debiendo estarse al monto de la pretensión inicial, pues de lo contrario se menoscabaría el derecho a una justa retribución consagrado en el art. 14
.
Por otra parte, vale recordar también que en esa dirección la Corte había dicho que lo acordado por la actora con otros codemandados en lo que hace al monto del juicio no resulta oponible a los letrados de la parte que no tuvo intervención en dicho acuerdo (v. doctrina de Fallos 310:2829); y que, asimismo, había dejado sin efecto decisiones que acordaron eficacia vinculante para el profesional, a un convenio donde no tuvo intervención, en desmedro de la aplicación de normas expresas de derecho sustancial (art. 851, 1195 y 1199 del Código Civil) y con menoscabo del derecho a la justa retribución (v. doctrina de Fallos: 311:926).
Este Tribunal provincial estableció en una sentencia del año 1991, por mayoría
:
Posteriormente, por una resolución del año 2004, la Corte de la Provincia de Buenos Aires modifica el criterio
:
Con fecha 11 de abril de 2006, la Corte se expide en el llamado caso “Murguía” (autos “Recurso de hecho – Murguía, Elena Josefina c/ Green, Ernesto Bernardo s/ cumplimiento de contrato”)[
En contra de lo dictaminado por la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema confirma el pronunciamiento plenario de la Cámara Nacional Civil por el cual se fijó la siguiente doctrina legal:
Dispone también el fallo de la Corte que
Añade que
Añadamos que jurisprudencia en similar sentido sostuvo que “La transacción establece una relación jurídica y produce sus efectos directos sólo entre quienes transigieron, de modo que sólo entre ellos se extingue o se modifica el vínculo preexistente. Sin embargo, sus efectos indirectos se producen respecto de todos los terceros a quienes es oponible y por quienes resulta invocable. Así, la transacción produce la terminación del proceso, no sólo para las partes que litigaban, sino para todos los terceros, y concluido el mismo, la regulación de honorarios debe efectuarse sobre el monto total del acuerdo”
.
También en esa dirección se sostuvo: “La transacción de derechos litigiosos es un acto jurídico bilateral de derecho civil y, además, un acto procesal equiparado a la sentencia, que ofrece la misma seguridad que ésta a fin de determinar el monto base de la regulación de honorarios por actuación judicial”.
Hay tribunales que siguen el criterio de la Corte Suprema; así: “La transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo, con la sola salvedad se aduzca y pruebe el carácter fraudulento y doloso de aquel, destinado no a reglar los intereses de las partes sino a burlar la justa retribución de los profesionales” (CNCom., Sala E, 2010/6/23, “Borrego, Pablo Ariel c/ Argos Cía Argentina de Seguros Generales SA”), DJ 2010/12/09, p.79.
También tenemos un importante fallo en el mismo sentido:
3.– Las más de las veces los montos reclamados en las demandas –al amparo del beneficio de litigar sin gastos– son desproporcionados en relación a los que finalmente se fijan en las sentencias, añadiéndose a ello que tales cifras –al menos en los juicios por responsabilidad extracontractual– no computan una eventual disminución porcentual por culpa parcial de la víctima o de un tercero en el hecho motivo del reclamo, circunstancias éstas que sí son evaluados cuando se negocia para arribar a una transacción, y son bien sabidas tanto por los letrados de la actora y de los demandados como por los peritos.
4.– Si bien ninguna norma legal establece el carácter vinculante de la jurisprudencia del Máximo Tribunal provincial, el seguimiento que de la misma se hace obedece al objeto del recurso de inaplicabilidad de ley –procurar la unidad de la jurisprudencia–, propósito que se frustraría si se insistiera en soluciones que irremediablemente habrían de ser casadas.
5.– Ya sea por razones de economía procesal, por la vinculación institucional de la interpretación de la Corte en temas federales, o por la vinculación moral en cuestiones no federales, el Máximo Tribunal de la provincia paulatinamente ha ido adaptando su doctrina legal a la interpretación de la Corte Nacional.
De lo expuesto observamos que hay dos posturas doctrinas y jurisprudenciales.
Por un lado, la postura clásica que sostiene que se trata de un contrato, y que, por lo tanto, dada su relatividad, no es oponible a quienes no participaron en ella. En efecto, la transacción que pone fin a un pleito es un contrato, al que se le aplican las reglas de los artículos 1195 y 1199 del Código Civil, más las reglas propias contenidas en los artículos 850, 851, 852 y concordantes del mismo cuerpo legal. Para esta corriente no resulta justo tomar como base regulatoria el importe de la transacción cuando a ella se ha arribado sin la participación de el o los abogados que venían interviniendo en el proceso; y que, a veces, son sustituidos por otros letrados al solo efecto de suscribir el acuerdo transaccional o solicitar su homologación. En concreto, el monto acordado por las partes no resulta oponible a los letrados de las partes que no tuvieron intervención en dicho acuerdo.
Por otro lado, como expresa la Corte y los tribunales que adhieren, la transacción, además de ser un contrato, es un acto jurídico procesal que pone fin a un litigio y, homologado dicho acuerdo por el tribunal, tiene la fuerza de “cosa juzgada”.
Tal como expresa la jurisprudencia citada, es totalmente disvaliosa la inoponibilidad de la transacción a los profesionales que no intervinieron, ya que ello obstaculizaría el arribo de soluciones conciliatorias para poner fin a los juicios, dado que siempre se verían las partes en la necesidad de pedir la conformidad de todos antes de firmar un acuerdo. Sería tanto como poner en manos de terceros la finalización o no de las controversias, que a nadie interesa más que a las partes.
Es bastante frecuente que los montos reclamados en las demandas –al amparo del beneficio de litigar sin gastos– son desproporcionados en relación con los que finalmente se fijan en las sentencias.
Cualquiera sea la postura a la cual adhiramos, digamos, con Vázquez Ferreyra
, que debería pensarse en algún mecanismo que evite las demandas abusivas amparadas en el beneficio de litigar sin gastos. Hemos tenido oportunidad de ver demandas millonarias planteadas por insolventes absolutos. Ellos no tienen nada que perder por cuanto, aun de perder un incidente, nada deberán abonar. Por el contrario, la parte demandada no sólo deberá realizar las correspondientes reservas sino que además corre el riesgo de perder un incidente tal vez insignificante para la suerte final del juicio, pero que puede significar una importante condena en costas. En definitiva, hay alguien que tiene mucho para ganar y nada para perder, mientras que su adversario tiene mucho para perder y nada para ganar. Se trata, por cierto, de un mecanismo perverso que merece ser corregido ■
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