ESCUCHARLo acusan por defraudación a la administración pública en el marco de la licitación de 400 vehículos cuyo monto ascendía los 15.000 millones de pesos
El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, fue denunciado penalmente por los legisladores del Frente Cívico por defraudación a la administración pública en grado de tentativa.
La presentación fue por la licitación para la compra de vehículos para la Guardia Urbana.
La licitación involucraba a un total de 400 autos cero kilómetro, que fueron adjudicados por un monto superior a los $15.000 millones. Según explicó el legislador Walter Nostrala cada vehículo fue cotizado en $38 millones, una cifra que consideró exorbitante ya que “al valor de mercado de hoy, no supera los $23 millones”. Se trata de los modelos Renault Sandero Life 1.6 y del Peugeot 208.
“Lo que hay, por lo menos, es una intención de defraudar al Estado. Que no se concretó porque el Tribunal de Cuentas no aprobó el expediente”, agregó Nostrala.
“Gracias al control, tratamos de impedir que se concrete esta defraudación, aunque claramente la intención era seguir adelante. Más de 70% de sobreprecio”, aseguró el legislador.
Cabe recordar que los móviles de la Guardia Urbana forman parte del proyecto anunciado por el gobernador, Martín Llaryora, y respaldado por varios intendentes de la provincia.
Transparencia
Conocida la denuncia, Quinteros acusó a los legisladores de estar “esperando alguna cuestión para hacer una denuncia” y sostuvo que la presentación se hizo a partir de información que su gestión había aportado.
“Se hizo con una copia certificada del expediente porque lo advertimos nosotros. Nosotros mismos advertimos que el precio estaba desfasado”, reconoció.
En ese marco, defendió el proceso de licitación: “el proceso que se hizo es absolutamente transparente. La subasta electrónica no permite que no haya transparencia, cualquier proveedor la puede ir siguiendo online”.
Según Quinteros cuando detectaron que el precio de los autos había bajado decidieron dar de baja el proceso de compra
Explicó que la subasta fue desactivada el 14 de mayo e insistió que la denuncia de los legisladores juecistas fue posterior.
Quinteros cerró afirmando que todo es “una falsa denuncia” y, por ende, “un delito” que evaluará llevar a la Justicia: “Yo puedo dejar que se cuestione el plan de seguridad, si vamos bien o mal, lo que no voy a dejar en manos de nadie es mi honorabilidad”.
