ESCUCHAREn el marco de causa en la que que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes y ordenó que se periten los teléfonos celulares secuestrados.
Además, el magistrado le pidió al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES), la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las compañías involucradas en las maniobras bajo pesquisa.
Por lo pronto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pidió ser querellante y las defensas de los implicados ya tomaron pudieron acceder al expediente.
La causa comenzó a instruirse el 20 de diciembre de 2023, mientras se preparaba la primera marcha de piqueteros contra Javier Milei y la cartera de Seguridad habilitó el número 134 para hacer denuncias anónimas.
La línea recibió llamados de todo el país. El fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la investigación delegada, intervino en los 45 que se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jurisdicción.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios -personas en situación de alta vulnerabilidad- bajo diversos conceptos (“cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”), cobrarles por la entrega de alimentos pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, obligarlos a vender por la zona la comida, quedándose con la ganancia, y/o forzarlos a participar de ‘movilizaciones’ de las agrupaciones políticas a las que pertenecen –e, incluso, en algún caso repartir volantes de candidatos-; todo ello, bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo a su turno Pollicita.
En el dictamen del agente figuran los chats que sostienen su imputación por amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública también se está evaluando si pudo existir lavado de dinero.
El fiscal pidió allanamientos, pero Casanello rechazó su planteo y ordenó más medidas. Pollicita apeló y la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a los procedimientos.
Los dirigentes que están en la mira de la Justicia integran el Polo Obrero (PO) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). También investiga a “representantes sociales” que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández y, más recientemente, del gobernador bonaerense Axel Kicillof, como Barrios de Pie.
Para solicitar las detenciones, allanamientos e indagatorias, Pollicita destacó a la gravedad institucional de los hechos investigados. “Una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo”, enfatizó.
