ESCUCHARUn proyecto de decreto que apunta a desregular los aranceles para personas con discapacidad ha generado una ola de preocupación en Córdoba y a nivel nacional. Alertan sobre recortes y desigualdad en la atención. Con marchas, manifestaciones y clases públicas buscan visibilizar el riesgo de precarización en el acceso a tratamientos, servicios de salud y educación
Prestadores, personas con discapacidad, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad encendieron luces de alarma en Córdoba y todo el país cuando se conoció la existencia de un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que establece -desde hace 25 años- los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación.
Para visibilizar “el estado de emergencia” este martes tuvo lugar una clase pública y una marcha en Córdoba. El objetivo fue evidenciar los recortes implementados por el gobierno nacional en este sector.
La iniciativa fue impulsada por la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), apoyada por los colegios de Psicólogos y de Psicopedagogos, entre otras instituciones.
La manifestación apunta a la “declaración de emergencia en discapacidad” y la protesta contra el decreto que eliminaría la adhesión al nomenclador de las obras sociales.
“Al desregularse los valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad los valores que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador (Pami, Incluir Salud y Superintendencia de Salud) tendría aranceles establecidos individualmente y seguramente diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad por ende peores condiciones de cobertura para afiliados/as/es y beneficiarios y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional”, afirma el comunicado de los organizadores.
En diálogo con Comercio y Justicia, Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, alertó: “esto va a generar más desigualdad, una pérdida en el acceso al trabajo y una pérdida en el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad. Y, todo lo que es obstaculización, burocratización, precarización en las condiciones de trabajo va en detrimento al trabajo y al sistema de acceso al apoyo para la vida independiente de las personas con discapacidad”.
Dominguez detalló que esto se suma a que los valores de los aranceles no se correlacionan con los procesos inflacionarios de los últimos tiempos, a la naturalización de los pagos diferidos y los grandes obstáculos burocráticos que ponen muchos financiadores a la hora de brindar coberturas y aprobar prestaciones.
“Sabemos que esto va a tener graves consecuencias para personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, transportistas e instituciones prestadoras”, sostienen al tiempo que explican que de esta manera “se mercantilizan servicios para personas con discapacidad hasta ahora garantizados como derechos”.
Alzaron la voz en todo el país
El Foro Permanente Discapacidad integrado a nivel nacional por Asociaciones, Cámaras y entidades que nuclean a prestadores, personas con discapacidad y sus familias, instituciones educativas y de salud del sector, también emitió un duro comunicado en contra de las desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”, afirmó el foro.
Señalan que la consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. “Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad”, agregaron.
Finalmente, exigen a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.
