ESCUCHARA fines de marzo pasado, luego de que la embajada argentina en Caracas refugió a seis opositores al régimen de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano le cortó la luz a la residencia.
La acción políticamente violenta la concretó un grupo de tareas, que arrancó los fusibles del inmueble.
Frente al sabotaje, el Gobierno difundió un comunicado oficial. “La Republica Argentina, arraigada en su histórica vocación de fomento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y ejerciendo su compromiso efectivo en tal sentido, expresa su inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela”, indicó.
En tanto, precisó que con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual Argentina y Venezuela son signatarias, el país acogió a líderes políticos de la oposición y le advirtió al régimen que comanda Maduro “sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección”.
Bajo esa premisa, citó la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar su tranquilidad y dignidad.
Finalmente, instó a Maduro a “asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo”.
Todos los protegidos pertenecen a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por María Corina Machado.
Ahora, Maduro negó de hecho los salvoconductos que reclamó la Administración de Javier Milei, que insistió con su pedido citando los tratados internacionales vigentes.
Los refugiados en la embajada argentina en Caracas trabajaban con Machado. Si no hubieran ingresado a la sede diplomática bajo las normas de la Convención Sobre Asilo Territorial (1954), Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Motolla estarían a merced del aparato represivo del régimen chavista.
