El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal por incumplimiento de deberes y fraude a la Administración Pública, al verificar que casi el 50% de los comedores y merenderos que recibían asistencia estatal no existen.
La cartera reiteró que no se controló la salida de alimentos destinados a sectores vulnerables. También expuso que no se relevó qué lugares iba la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían.
La Subsecretaria Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Gianni, aportó los nombres de los comedores “fantasma”; entre ellos, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos” y “Luz de Luna de Pereyra”. Según precisó el área, “no existían los domicilios declarados como supuestos comedores”.
En esa línea, indicó que de las auditorías surgió que de la totalidad de los establecimientos sólo se pudo relevar el 52,3%. “El Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales Argentina contra el hambre”, sumó.
“La falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control, so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”, expuso Capital Humano.
“Sin perjuicio que el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM) es un ‘registro’, lo cierto es que el Estado Nacional debería haber controlado sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en que estuvieron ‘matriculados’, pero nunca lo hizo, ya que no se verificaron actas labradas por los organismos estatales correspondientes a tal efecto”, agregó.
El RENACOM, creado en julio de 2020, quedó en manos de la dirigente de La Cámpora Laura Alonso.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, agregó la cartera que conduce Pettovello.