viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Trata: fiscales de ocho países analizaron la situación de las mujeres captadas por el narco

HECHO. La víctima se descompensó sobre un micro que salió de Salta con rumbo a territorio chaqueño.
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Treinta fiscales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y España, como representantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), participaron en Barcelona, España, del II Taller de trabajo “La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral de la problemática”.

Tanto la AIAMP como el anfitrión Programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina y el Caribe (COPOLAD), liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) de España, impulsan un diagnóstico regional para abordar con perspectiva de género los casos de mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad criminalizadas por la venta de drogas.

La AIAMP participó del encuentro con representantes de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG).

La actividad fue el segundo capítulo del primer encuentro en la materia, celebrado el año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y permitió profundizar el análisis del informe diagnóstico elaborado y avanzar en el diseño de lineamientos comunes.

El objetivo estuvo centrado en desarrollar estrategias que atiendan a la posible condición de víctimas de trata de mujeres que trafican drogas, situaciones complejas que obligan a replantear las estrategias desarrolladas hasta el momento para poner el foco en esos dos delitos interconectados.

Los fiscales reflexionaron sobre la protección de las mujeres que, en su condición de víctimas de trata, muchas veces con fines de explotación sexual, son coaccionadas por redes criminales y se ven involucradas en el tráfico y venta de drogas

Esta implicación en actividades delictivas pone en riesgo sus vidas, dado que suelen ingerir narcóticos o los ocultan en su cuerpo, y, si son detenidas, afrontan penas de cárcel. Por ello, el debate incluyó el abordaje de las eventuales medidas penales alternativas a la prisión que se pueden aplicar.

Los funcionarios trabajaron sobre posibles indicadores de vulnerabilidad en mujeres y personas LGTBIQ+ imputadas y compartieron buenas prácticas sobre investigaciones en clave de crimen organizado que permitan superar la inercia de acusar a los eslabones más bajos para ascender en la cadena de responsabilidad.

En la reunión de promovió el intercambio de conocimientos sobre soluciones y tácticas de detección temprana, la generación de herramientas para un abordaje integral, el principio de no criminalización y la relevancia de la investigación patrimonial y el decomiso de activos como incentivos para guiar la política criminal hacia las líneas medias y jerárquicas de las bandas.

La fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga de España, Rosa Ana Morán, recordó que el fenómeno del narcotráfico es fundamentalmente transfronterizo y que la cooperación está en el centro de una buena pesquisa.

Por su parte, la coordinadora de la REDTRAM de la AIAMP y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, destacó la importancia de compartir información de casos entre la red de trata y la red de narcotráfico para dar inicio a casos estratégicos trasnacionales. “Los Estados tienen el deber de identificar a las víctimas y este desafío incluye pensar en un mecanismo práctico que permita a los fiscales identificar a las víctimas de trata que pueden verse involucradas tanto en la fase de producción, así como de transporte y distribución de drogas”, expresó.

La iniciativa está liderada por la FIIAPP y por la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), en colaboración con el Ministerio Público Fiscal de Argentina y la Fiscalía General del Estado de España.

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