ESCUCHAREl nuevo proyecto comenzará a tratarse en comisión esta semana. En paralelo, la idea es que avancen las iniciativas sobre reforma fiscal y laboral. Siguen las diferencias sobre puntos sensibles en las tres iniciativas. El “pacto de mayo” es la fecha límite para la sanción en el Congreso
La nueva versión de la “ley ómnibus” iniciará esta semana su recorrido por la Cámara de Diputados y el gobierno de Javier Milei aspira a que las negociaciones de las últimas semanas con la oposición dialoguista le permitan darle un tratamiento exprés que derive en su aprobación el día 24, junto al paquete de medidas fiscales y la reforma laboral.
El tratamiento del proyecto se frustró en febrero pasado cuando, luego de la aprobación en general, el oficialismo no alcanzó la mayoría para la votación particular y los primeros artículos empezaron a caer, lo que los obligó a devolver el proyecto a comisión y suspender el debate. La situación derivó en que a cuatro meses de haber asumido Milei no tiene ninguna ley aprobada.
Este factor es uno de los que motivó al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, principales espadas políticas del Presidente, a buscar un acuerdo previo al debate parlamentario con gobernadores y referentes de los bloques PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal, para tratar de asegurar un primer éxito legislativo para el Gobierno.
Confiados en el diálogo que entablaron durante las últimas semanas con todos esos sectores, en el Gobierno ahora esperan que el debate en las comisiones sea de tres días seguidos y que concluya con la firma del dictamen el próximo jueves, para ir al recinto a la semana siguiente.
Los plazos
La hoja de ruta en la Cámara de Diputados marca que el tratamiento en las comisiones empezaría mañana y terminaría el miércoles o jueves, con la firma del dictamen -si nada cambia- que llegaría al recinto a la siguiente semana. Sería lo que en la jerga parlamentaria suele llamarse un “tratamiento exprés”.
Se trata de un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta la trascendencia de los otros dos temas que están atados a la “ley ómnibus” y que generan más debate. Uno de ellos es la reforma laboral que intentó instalar con el “mega DNU” y que, tras ser suspendida por la Justicia, la oposición dialoguista le pidió incorporar al proyecto.
De acuerdo con las fuentes consultadas, hay un compromiso del Ejecutivo de incorporar al dictamen -quizás con algunos retoques- los artículos para esa reforma que redactó el bloque de la UCR, que contempla la posibilidad en cada actividad de reemplazar la indemnización por el fondo de cese laboral y amplía el período de prueba, entre otros puntos.
El otro tema que concita atención por la diversidad de miradas entre los gobernadores -que inclinan votos a un lado u otro en Diputados- es el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para los salarios de $1,8 millón brutos, en el caso de solteros, y $2,2 millones para casados.
Este punto no forma parte de la ley de bases sino del proyecto de medidas fiscales que incluye un blanqueo de capitales y una nueva moratoria y que fue el eje central de la negociación con los gobernadores. No obstante, la idea del Gobierno y la oposición dialoguista es que ambos se traten conjuntamente en las comisiones y en el recinto.
Diferencias
La reforma laboral muestra un consenso amplio entre la oposición dialoguista, pero la propuesta que los radicales le llevaron al Gobierno contiene la eliminación de la cuota sindical y para algunos diputados de esos sectores esto puede ser conflictivo para el tratamiento parlamentario por la presión que podrían ejercer algunos gremios.
De cara al plenario de comisiones, otro punto que todavía se presta a la discusión y podría surgir es el listado de empresas a privatizar, que se redujo a 18 respecto de las 40 que figuraban en la versión original y diferencia entre las que irían a privatización total, parcial o concesión. A pesar de ello, en algunos, como Hacemos Coalición Federal, hay diputados con reparos frente a la privatización del Banco Nación, aunque conserve participación estatal mayoritaria.
En el radicalismo, en tanto, casi una decena de legisladores más críticos del Gobierno, entre los que se destaca Facundo Manes, se negarían a acompañar la delegación de facultades pese a haber sido reducidas en cantidad (serán sólo en materia administrativa, económica, financiera y energética) y también en el plazo de duración (un año).
Respecto del paquete fiscal, la restitución del Impuesto a las Ganancias también será un punto caliente del tratamiento en las comisiones, debido a que los gobernadores patagónicos bajaron el tono público de sus cuestionamientos a esta medida, pero nunca mostraron un apoyo, hasta ahora. Según fuentes parlamentarias, entre los diputados de esas provincias todavía hay resistencia a votar este punto.
Entre otros puntos conflictivos del debate que viene en Diputados está también el capítulo que habilita y le pone números al despido de empleados públicos. La iniciativa establece que el personal alcanzado por reestructuraciones en el Estado puede pasar a disponibilidad por 12 meses y que cumplido ese término quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública. El tema ya generó protestas de los sindicatos.
A pesar de esas diferencias, en ambos bloques ratifican que hay una voluntad mayoritaria de acompañar ambos proyectos.
