ESCUCHARLa oposición -que, en rigor, conforma la mayoría en el Tribunal de Cuentas de la Provincia- aseguró que “no es verdad” que ese organismo sea responsable de la demora en los procesos de pago a proveedores y contratistas por proyectos o servicios en marcha.
Después de perder las elecciones para el Tribunal de Cuentas “el oficialismo armó un concurso a las apuradas para cubrir todos los cargos desde Jefaturas de Sección a Direcciones de Jurisdicción; modificaron la Ley Orgánica para limitar nuestras facultades de control; y ahora, como si fuera poco, el Ministro de Economía y Gestión Pública nos niega los permisos de acceso al sistema informático para revisar si los gastos cumplen con las normas legales y contables, permisos que en la composición anterior del tribunal tenían todos los empleados afectados a esas tareas”, señaló un comunicado difundido por el titular del organismo, Beltrán Corvalán.
“Los concursos están siendo revisados y en poco tiempo se tomará una determinación al respecto; la reforma de la ley ha sido impugnada judicialmente y esperamos una resolución favorable sobre su inconstitucionalidad; y la conducta del ministro podría configurar el delito de Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que de corroborarse será denunciada a la justicia. Esas tres decisiones tuvieron un claro objetivo: evitar que controlemos la legalidad de los gastos del gobierno y que esos gastos se aprueben por el mero paso del tiempo”, prosiguió el documento.
El comunicado asegura que años anteriores y con mayoría del oficialismo, los expedientes pasaban sin mayores demoras.
Ahora, con la ley 10930 sancionada días antes del cambio de autoridades se nos impuso un plazo máximo de 15 días y si no nos expedimos en ese lapso se considera aprobado de manera “ficta”, es decir, sin ser controlados.
“Como si no les alcanzara con todo eso, mediante decreto 85/2024 el Gobernador elevó de 30 a 75 días el plazo que tienen sus ministros para aprobar los incrementos de precios que pidan los proveedores. Es decir que mientras a sus funcionarios les duplicó el tiempo para decidir los aumentos de los precios en una contratación, al organismo que debe
controlar la legalidad de esas redeterminaciones se lo redujo a la mitad”, concluyó el documento difundido ayer.
