ESCUCHARColumna de Juscom
Por Julia Kenny (*)
Con más de un cuarto de siglo de internet y una explosión de las comunicaciones digitales, nadie duda de los potentes efectos de los distintos formatos de la comunicación social. Esto, ya sea que se trate de un mensaje presidencial emitido por cadena nacional, de una filmación casera que capta algo de interés y se viraliza por las redes sociales, o bien, de un meme que llega justo a tiempo.
Son tiempos de convergencia, de abundancia de medios; prolifera el sentido amplio de la comunicación, la ubicuidad, el alcance y la celeridad. Tiempos en los que no debemos subestimar el origen del mensaje ni a sus autores –aunque podamos sospechar de su veracidad-, porque la fuerza reside sobre todo en lo que hagan con él los receptores. En este contexto aluvional de sentidos, repleto de informaciones y desinformaciones, trabajan las organizaciones para asomar sus asuntos y tener quién los escuche.
Las instituciones públicas incorporaron -hace muchos años- equipos de comunicación para garantizar el acceso a la información a la ciudadanía y cumplir el mandato legal de mostrar transparencia en la gestión.
El poder judicial hace lo propio: comunica sus funciones institucionales, sus competencias, sus servicios y las decisiones jurisdiccionales de interés público e intenta hacerlo con un lenguaje claro y comprensible. Acercarse a la ciudadanía para magistrados y magistradas es, probablemente, una apuesta más grande que para los otros poderes del estado. Esto, por la tecnicidad del lenguaje judicial, en ocasiones encriptado y cargado de fórmulas.
Pero hay otra razón que hace que la accesibilidad de los contenidos judiciales no parezca algo central para sus administradores: al tratarse de un poder contra mayoritario, no elegido por la ciudadanía, no tiene esa necesidad fundamental -que sí tienen dirigentes y candidatos a funcionarios de los poderes ejecutivos y legislativos- de persuadir a sus votantes.
A pesar de ello, lentamente, la Justicia fue dando pasos en su comunicación, en pos de la transparencia, del acceso a la justicia y, aunque con dudosos resultados, en pos de su propia reputación.
Snacks judiciales
Quedan desafíos enormes, si tenemos en cuenta que la velocidad y la extensión de los intercambios informativos hoy parecen incompatibles con los tiempos y las extensiones de las prácticas judiciales. Cada vez cuesta más poner atención en textos largos en consumos diarios.
Para reivindicar estos formatos cortos, cito a Carlos Scolari en su libro Cultura Snack: “Los contenidos breves de la cultura snack, a menudo despreciados y ninguneados (…) también ponen en evidencia las relaciones entre la gente y las cosas del mundo. Un mensaje en WhatsApp, una microficción, un videoclip, un spoiler, pueden revelar conexiones ocultas y decir mucho de fenómenos muy grandes. El aleteo de un tuit en la red puede provocar un tornado en Nasdaq”.
Comprender la lógica de la circulación del sentido social es imprescindible para poder participar de las conversaciones de la mesa pública actual y emitir mensajes que prendan en las audiencias dispersas de estos tiempos. Sin perder el eje ni la responsabilidad ni, sobre todo, el por qué y el para qué de la organización judicial.
Las oficinas de comunicación profesionalizadas vienen a colaborar en estos procesos de adecuación, de mediación, para que los mensajes de los poderes judiciales o los ministerios públicos se puedan colar en el ecosistema actual de intercambios sociales.
Para ello, resulta fundamental tener un plan en función de objetivos y estrategias, que incluya índices de medición y de control y que tenga en cuenta los recursos disponibles.
En el caso de las administraciones de justicia, a los objetivos generales de comunicación de:
• enriquecer el debate y la discusión pública en temas de justicia;
• mejorar la imagen que la sociedad tiene de la Justicia y para ello trabajar en lo que Kevin Lehmann llama el “desajuste de expectativas”.
• generar credibilidad, confianza y transparencia entre la ciudadanía y los administradores del sistema de justicia;
• fortalecer el acceso a la justicia;
• promocionar las actitudes y valores cívicos, entre otros
Debemos agregar otros desafíos. Por ejemplo, pensar en cómo trabajarlos para que se traduzcan en contenidos aptos para las audiencias de hoy.
Comunicación clara, elementos gráficos, videos, invitaciones, juegos, intercambios, señalética precisa, identidades visuales sólidas, brevedad, todo eso en el mundo físico y en el digital, en particular, en las redes sociales, son, en sí mismos, retos que sólo pueden lograrse si las administraciones de justicia invitan a los profesionales de la comunicación y del diseño, a ser parte de sus equipos interdisciplinarios.
Así pues, se podrán ensanchar los márgenes del diálogo y del intercambio con otros y mejorar el servicio de justicia.
- Lic. en Cs. de la Comunicación. Directora de Comunicación Institucional en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Miembro de Juscom.
