ESCUCHARAcordó una serie de cambios que, sin embargo, no difieren sobremanera del dictamen de mayoría que se debatió en Diputados. La norma incluye un capítulo fiscal, una laboral y otro previsional, entre otros. Los cambios en Ganancias entrarán como un proyecto aparte
El Gobierno nacional volverá a poner en agenda en la Cámara de Diputados el proyecto denominado “ley ómnibus” luego de acordar algunos cambios con los gobernadores el viernes pasado, tras la cumbre de la que participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Asimismo, se acordó seguir trabajando en una mesa política y económica para avanzar con su aprobación, todo previo al denominado “pacto de mayo”, que el presidente Javier Milei planteó firmar en Córdoba el día 25 de ese mes.
Durante el encuentro con los mandatarios, el Gobierno propuso promover un paquete de alivio fiscal que incluye una moratoria impositiva, la modificación de los impuestos Internos al Tabaco, y la eliminación del impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
También, se discutió incluir cambios en la Ley de Ingresos Personales, la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre ella, así como la modificación del Monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y de las cuotas fiscales. Por último, se propuso el impulso del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
Cabe recordar que el paquete de alivio fiscal será incluido en tanto y en cuanto se logre la aprobación de la nueva “ley ómnibus”.
Los cambios
El nuevo proyecto contempla nueve capítulos que incluyen la ley de emergencia, blanqueo laboral, privatizaciones, desregulación económica, y el tema previsional, entre otros. En tanto, se prevé que la modificación del impuesto a las Ganancias se presente por separado.
Según trascendió, el Gobierno busca que el nuevo mínimo no imponible, a partir del cual se pagará el impuesto, se ubique entre $1,5 millón y 1,8 millón.
Los ejes centrales del nuevo proyecto de ley incluyen la declaración de emergencia para aspectos administrativos, económicos, financieros y energéticos por sólo un año, según indicó el sitio web de Ámbito.
Una de las preocupaciones del Gobierno es avanzar en reformar el Estado con la consigna de liberar de su peso a los ciudadanos. En ese capítulo se plantean artículos referidos a que el Parlamento le delegue al Gobierno las herramientas para poder en la Administración central o descentralizada: reorganizar; fusionar, transformar, disolver parcial o totalmente órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente (se excluyen las universidades, el Conicet y el INTA).
Los fondos fiduciarios también están incluidos. Este punto fue el que llevó a que el presidente Milei tomara en su momento la decisión de retirar el proyecto, tras la derrota durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.
En este punto, en el nuevo proyecto se aspira que el Poder Ejecutivo pueda modificarlos, disolverlos o determinar la extinción de fideicomisos públicos y que los fondos pasen al Tesoro Nacional hasta la sanción de la próxima ley de Presupuesto.
Más reformas
Uno de los temas considerados clave para la reactivación económica es la modificación laboral, en diferentes aspectos. La nueva “ley ómnibus” contempla en su capítulo IV el tratamiento del empleo público. En tanto, el capítulo VI contempla la “promoción del empleo registrado” y establece la creación de un régimen de “blanqueo laboral”.
Respecto a la reforma previsional, el capítulo V prevé la modificación de la movilidad de las prestaciones previsionales y la modificación de la actual fórmula previsional.
La propuesta es un ajuste mensual por inflación más 10 puntos porcentuales de recomposición por el período anterior. Seguramente, esta propuesta será resistida por varios legisladores que aspiran a que se contemple la recomposición de los meses de mayor inflación.
También se incluye un capítulo de Consolidación de Deuda Pública: el Estado retendrá las acciones de empresas dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Asimismo, habrá una modificación a los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, es decir, disponer -por razones de emergencia- la renegociación o rescisión de los contratos de determinadas características y montos; y regular la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales.
Además, hay un capítulo referido a la delegación al Poder Ejecutivo de la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos. Asimismo se contempla el capítulo de Energía, la ley de hidrocarburos, gas natural y transición energética y, para promover las inversiones se incluye un régimen de incentivo para grandes inversiones.
