La casta, el ajuste y el comienzo de la estatización de la deuda privada

Luego de este largo año eleccionario, asumido ya el nuevo Presidente dentro de un cuadro de interrogantes, sólo sabíamos que éste haría una reforma brutal y que ella sería pagada por la casta. En el ejercicio del Ejecutivo, luego de unos días de cavilaciones, procedió a iniciar la ejecución de su plan económico. De estas medidas se desprende lo que entiende el Presidente por “la casta” que se haría cargo del ajuste. Vemos que está constituida por el grueso del pueblo y la producción nacional, bases de la sociedad y del capital para mantener la industria y el trabajo argentino, elementos constitutivos y esenciales para mantener en pie la sociedad junto al estado de derecho.

Sí. La casta somos los jubilados, la clase media integrada masivamente por trabajadores formales e informales, profesionales, pequeños comerciantes, y pequeñas empresas. Ya se definió, que todos estos sectores pagaremos el ajuste; es más, ya comenzamos a pagarlo. Los formadores de precio, al momento del cambio de Gobierno, habían realizado aumentos tomando el valor del dólar billete a $1.300, y en estos días están ajustando sus precios entre 50 y 100 por ciento, por lo que ya están especulando con un dólar de más de dos mil pesos o -lo que es peor- están logrando una inflación en dólares cercana a 100 por ciento.

La -casta en pánico y desesperada- sale a comprar, liquidar su capital, compra no sabe por qué ni para qué, se estoquea, aunque gran parte de esos productos se le echaran a perder… sólo compra… No estamos ante el Estado de bienestar, es el Estado del miedo, que generó el pánico con medidas económicas desmesuradas.

Mientras reina el pánico, el Ejecutivo nacional votado masivamente por la casta -que, como vemos, es el pueblo- comienza a realizar sus primeros movimientos en favor de los grupos de poder y dicta sigilosamente la comunicación A 6879, que estatiza la deuda de los importadores en la suma de 55 mil millones de dólares.

Con respecto al Bopreal “Bonos para la reconstrucción de una Argentina Libre”, pensadores de los que abrevaba el Presidente los cuestionan y plantean que éstos están realizados para encubrir actividades ilegales y que se trata de un vaciamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde nuestra óptica, vuelve el BCRA a ser el legislador de emergencias y responde a los intereses de quien representa esto que ya sucedió esto en el año 2002, con la pesificación asimétrica. En este tema no importa la ideología del gobierno de turno -aunque la del de hoy es muy preocupante-; sólo queda claro que el BCRA, responde a los intereses del poder real.

Los que conocemos y hemos vivido la historia, vemos que comienza a recorrerse el camino que iniciaron las comunicaciones A-3916 y 3924 del BCRA (1), que compensaron en forma encubierta y a cargo del Estado Nacional todos los pagos de las medidas cautelares que ordenaban restituir los ahorros a sus titulares en la moneda de origen -dólar-. Me detengo brevemente y aclaro que, si bien la Corte Suprema ordenó la devolución del capital en su moneda de origen, nunca ordenó la devolución de los intereses a sus titulares, lo que constituyó un verdadero avasallamiento al derecho de propiedad.

Este bono es una muestra, haciendo una breve reseña de la crisis de 2001/02, de las 139 empresas, pertenecientes a 27 grupos económicos que fueron beneficiadas con la reducción de sus deudas por más de 2.200 millones de dólares (2). Estamos en presencia del mismo camino y, si ya tenemos la experiencia, debemos actuar de inmediato antes de que las consecuencias sean irremediables y hagan inviable nuestra querida república.

El comienzo de la estatización de las deudas privadas, en 2023, en favor de grandes grupos empresariales con sus casas matriz fuera del país es el comienzo una nueva depredación idéntica a la que ya sufrió el pueblo argentino, que vacía su contenido de producción en beneficio de los centros de poder internacional, períodos en los que la industria nacional cerró miles de pymes y ciento de miles de trabajadores quedaron sin empleos. Podemos decir que, con estas medidas, EEUU asegura su emisión monetaria y nuestro pueblo, con la riqueza nacional, atesora el dólar que luego es transferido por los grupos de poder a los países centrales y/o paraísos fiscales. Como conclusión, volveremos a ser vaciados.

Esto no tendrá fin: se liberaron los precios, el libre mercado caído de los cielos y manejado por un puñado de empresas tiene a suerte y verdad el capital de los argentinos, ya no sólo -como decía el juez Buedo en los autos Argos c/ Oteiza- será el sector financiero el que se quede con las ganancias de los otros sectores de la producción, como lo sostiene el magistrado en los autos referidos: al capital le corresponde el interés; al suelo, la renta; al trabajo, el salario, y a la empresa, la ganancia (3) sino que será el sector financiero representado por los grupos de poder de la economía real tanto nacionales como internacionales los que abrevarán de todas nuestras fuentes de riqueza.

Existen herramientas y hay que activarlas en forma urgente en protección de los sectores débiles. Traeré algunos ejemplos: la Ley de Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial, y la norma rectora que consagra nuestra organización, la Constitución Nacional. Frente a esta situación concreta, las entidades intermedias que representan a los distintos sectores, haciendo uso de las herramientas legales, deberán hacer que el Poder Ejecutivo gobierne para el bien común dentro del marco de la Constitución Nacional. Las entidades gremiales empresariales, de los trabajadores, las mutuales, las cooperativas y las organizaciones sociales no deberán caer en la tentación de la calle, deberán hacer uso del Poder Judicial y, mediante peticiones, lograr que los integrantes del Congreso pongan límite legal a los atropellos anunciados.

Ante este avance grosero sobre las libertades y garantías constitucionales, el Congreso -que parece estar en un estado de estupor o en pánico- ha de actuar en defensa de nuestro sistema jurídico social, defendiendo los derechos y organizaciones que luego de tantos años de esfuerzos de nuestros antepasados y los girones personales que hemos dejado, nos llevó construir una sociedad justa y en democracia, garantizando la vigencia de las normas sin reformas, a los fines de que el Poder Judicial efectivice la vigencia de los derechos. No ha de olvidarse el Dr. Juan Carlos Maqueda que a finales de los años 70, con una carta documento de su redacción, como abogado y adquirente de una vivienda al Banco Hipotecario Nacional, fue quien dio los fundamentos originales para que hiciéramos las demandas contra la aplicación de los sistemas de créditos indexados, dentro de Unidevi -Unión Nacional de Defensa de la Vivienda– creada para evitar el remate de miles de viviendas, campos y fábricas.

(*) Presidente de la Fundación Consumo y Ambiente y Cooperativa de Trabajo Productores de Churqui Cañada, integrante fundadora de la Cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina

Notas:

(1) La Pesificación Asimétrica – Argentinos en Crisis – pág. 130 y stes. – Víctor David Moncada – Edición Comercio y Justicia – Córdoba 2008

(2) Ob. citada pág. 93 y siguientes.

(3) Ob. Citada pág. 32 y siguiente.