ESCUCHARPor el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) (*)
A 40 años de la recuperación de la democracia, y tal como hicimos ante cada cambio de gobierno, el INECIP presentó un decálogo que expresa la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales. No es posible tener una democracia de calidad sin una justicia de calidad. Para lograrla, deben tomarse decisiones de forma urgente.
La agenda judicial que enfrentará el nuevo gobierno es prácticamente la misma que existía cuando asumieron los últimos presidentes. La falta de avances genera resultados que están a la vista: un sistema de justicia ineficaz, plagado de rutinas burocráticas que generan demoras inaceptables, y una falta de legitimidad y de transparencia cada vez mayor. El juego de suma cero en el que quedó atascada la justicia federal lleva a que todavía se sigan discutiendo cuestiones que en los demás países de Latinoamérica, e incluso en la mayoría de nuestros sistemas judiciales provinciales, ya fueron superados hace décadas, y posterga otros debates que aquí ni siquiera llegan a plantearse.
A continuación, presentamos un listado de temas que conforman una agenda mínima de urgencias en materia judicial. El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de:
1) Designar un/a Procurador/a General con un mandato con límite temporal, con quien deberá coordinar políticas de persecución penal estratégicas de la corrupción y la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y el mercado ilegal de armas de fuego.
2) Implementar el Código Procesal Penal Federal y las leyes orgánicas del Poder Judicial y los Ministerios Públicos en un plazo breve e improrrogable para todo el país.
3) Crear una Policía Federal de Investigaciones orientada a fenómenos criminales complejos.
4) Integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpliendo los criterios de diversidades de género, especialidad y procedencia regional.
5) Designar a un/a Defensor/a del Pueblo, vacante hace casi 15 años.
6) Reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, estableciendo concursos únicos y anticipados, dedicación exclusiva de los/as consejeros/as y la administración de los recursos del Poder Judicial en cabeza del Consejo.
7) Aprobar una Ley de Juicio por Jurados para la Justicia Federal que respete el modelo constitucional seguido por la mayoría de las provincias.
8) Cumplir el mandato constitucional de traspaso de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9) Ampliar las políticas de acceso a la justicia, con especial énfasis en los servicios especializados en materia de género, niñez y adolescencia, y extender los mecanismos que contribuyan al reconocimiento de la administración de la justicia indígena.
10) Fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos y de prevención de la tortura.
Se trata, en algunos casos, de la aplicación de la Constitución Nacional o de leyes aprobadas con amplios consensos hace años, pero que nunca fueron implementadas, o que deben ser mantenidas y profundizadas. En otros casos, son propuestas apoyadas en la campaña presidencial o en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas.
El avance que se logre en estos temas determinará la posibilidad de construir un sistema de justicia federal de mayor calidad, menos violento y acorde a los principios constitucionales y de los derechos humanos. Lo que está en juego es, en última instancia, el fortalecimiento de nuestra democracia.
