ESCUCHARPor mayoría, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la “ruta del dinero k”, por la que ya fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez; el “arrepentido” Leo Fariña y un grupo de financistas, entre otros.
El tribunal hizo lugar al planteo de la ONG Bases Republicanas, querellante en la causa, y ordenó que la ex jefa de Estado siga bajo pesquisa.
El sobreseimiento de la mujer lo firmó el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ahora, la Cámara estimó que se debe analizar la causa junto a las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio “Vialidad” y estudiar las actuaciones de “Hotesur-Los Sauces”, que irá a debate. Además, sugirió incorporar las declaraciones de ex funcionarios arrepentidos en el expediente “Cuadernos”, así como las maniobras de lavado que salpican al financista Ernesto Clarens.
El juez Eduardo Farah votó en minoría por rechazar el planteo. “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa, debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, dijo.
No obstante, sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, cada uno según su voto, hicieron lugar al reclamo de la asociación civil. No aceptaron declarar la nulidad del dictamen de Marijuan, del 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez le dé trámite al planteo del nuevo querellante como acusador.
El 17 de agosto, la Cámara, con la misma conformación, aceptó a esa ONG como querellante. La defensa de la vice presidenta sostuvo que la encausada era una “perseguida política” y pidió la recusación de Bertuzzi y Llorens. Farah rechazó apartarlos.
A su turno, Bases Republicanas alegó que en una causa por corrupción de semejante envergadura, que lleva más de una década bajo pesquisa, “se debe llegar al fondo de la verdad”.
Por ello, reclamó se anulara la absolución de Fernández de Kirchner pedida por el único acusador, el fiscal Marijuan.
Casanello, a cargo del expediente, rechazó en su momento la pretensión de la ONG. La entidad apeló, con éxito: por mayoría, la Cámara Federal la aceptó en la causa.
Llorens afirmó que la corrupción “en sus diversidades” busca instalarse en los organismos estatales y “daña las economías públicas justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para la Nación”.
Sumó que “socava las instituciones y genera un daño concreto a la ciudadanía”, que es su víctima, que “se ve reflejado en el deterioro de las oportunidades que, con mayor calidad, podría brindarle al conjunto de la sociedad”, como salud, educación y seguridad.
Por su parte, Bertuzzi señaló que la constitución como parte querellante de la asociación era procedente porque en causas como la analizada “se ven conculcados derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, en la medida en que el objeto social de la organización de que se trate abarque la defensa y protección de tales garantías y que ello guarde relación con las particularidades de los hechos investigados”.
En disidencia, Farah argumentó: “Sin dejar de observar ni tener en cuenta los extremos relativos al tiempo y modo en que esta pretensión fue introducida (a más de 10 años de iniciada la causa y cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento, luego decretado por el magistrado), lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante”.
