ESCUCHARCuatro funcionarios fueron procesados por incumplimiento de deberes, por no intentar frenar legalmente la entrega de tierras a grupos mapuches en los alrededores de la ciudad de Bariloche.
Se trata Silvia Vázquez, la abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de letrados de la cartera; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales, y de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos.
Al dictar la medida, la Cámara Federal porteña advirtió que la maniobra “dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino” y ordenó que se determine si el accionar de los encausados respondió a una orden de las máximas autoridades del Ministerio de Defensa y de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Se trata de un predio ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues. Pertenece desde 1937 al Ejército. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue aseguran que lo habitaban desde fines de siglo XIX.
Fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional mediante una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) del 2012, pero está en manos de la Escuela Militar de Montaña, fundada en 1964. Se usa para perfeccionar a las tropas y preparar a las patrullas para el rescate de andinistas civiles y militares en situaciones extremas y también para pastoreo.
En Bariloche, la causa comenzó a fines del 2020. En la demanda se sostuvo que “la pertenencia de la Comunidad Millalonco Ranquehue al pueblo mapuche se encuentra sobradamente comprobada en múltiples informes e instrumentos obrantes en la carpeta técnica ley 26.160”.
Se trata de a norma sancionada en 2006 que ordenó relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional y frenar los desalojos.
En ese contexto, disponía un estudio técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
La comunidad Millalonco dijo ante la Justicia que el INAI ya había mensurado sus terrenos en 2011 pero que todavía no tenía el título de propiedad comunitaria. Por ello, pidió su transferencia directa.
La jueza federal de Bariloche hizo lugar al amparo y le ordenó Ejecutivo que le transfiera el domino al INAI, a los efectos de su adjudicación en propiedad a la accionante, con costas para el Estado.
Ese es el fallo que los letrados procesados no apelaron. Por eso se abrió una causa en Comodoro Py. La impulsa el fiscal Carlos Stornelli, con el fin de esclarecer responsabilidades.
El juez Daniel Rafecas entendió primero que no hubo delito y sobreseyó a los denunciados. A su juicio, más allá de la nota administrativa enviada al Ejército Argentino en forma tardía, la institución ya había tomado conocimiento de la sentencia.
Bajo esa premisa, indicó que lo sucedido era una no ejemplo “de las distintas posiciones internas dentro del Poder administrador” en torno al tema.
En octubre pasado, la Cámara Federal revocó el decisorio o de Rafecas y ordenó profundizar la investigación.
El magistrado dictó la falta de mérito de los involucrados porque no había pruebas suficientes en su contra, pero la fiscalía apeló.
Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron los procesamientos.
