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El humor cambió. Si es el inicio de un cambio de época, no lo sabemos aún. La gente reclama a quienes antes parecían impunes en la vidriera pública. Ya no basta, frente al escándalo, salir a poner la cara y dar alguna explicación que invariablemente no convence. O pedir, a los amigos, un paraguas hasta que la noticia salga de la consideración pública.
El reciente fallo en la justicia de Estados Unidos contra Argentina por la estatización de las acciones de YPF muestra qué pasa cuando las cosas se hacen mal, sin observancia de las normas.
No es el único. Un Jurado de Enjuiciamiento suspendió por unanimidad el pasado 10 de octubre por presunto “mal desempeño de sus funciones” a la jueza pampeana Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores Elisa Alejandra Catán, quienes intervinieron en el expediente sobre el cuidado del niño Lucio Dupuy, ya que avalaron darle la tenencia a su madre, quien, junto a la mujer que era su pareja, lo asesinó el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que ambas fueron condenadas a prisión perpetua.
Asimismo, una resolución que lleva la firma del fiscal general Juan Carlos Carola, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) recomendó a los ministerios de Educación y de Salud de la Provincia de La Pampa que se investiguen eventuales responsabilidades de 11 empleados públicos en torno al caso Lucio. Dicha medida se toma a partir de informes técnicos de especialistas sobre el accionar de las áreas de educación y salud que intervinieron en el caso.
Por su parte, en nuestra provincia, el pasado día 19 el Tribunal Superior de Justicia destituyó por mal desempeño al juez de Paz de la localidad de San Francisco del Chañar, quien había hecho suscribir en su favor, certificando en ocasiones él mismo las firmas, a un grupo de adultos mayores, alojados en el Hospital Dr. José. J. Puente Saldaña. Se trataba, en todos los casos, de poderes generales y especiales que lo habilitaban, entre otras cosas, a cobrar sus jubilaciones y percibir otras sumas de dinero en su nombre, conforme la noticia difundida en la plataforma de Justicia Córdoba.
En tal sentido se expresó: “Certificar, como juez de Paz, un instrumento y a la vez firmarlo como parte, se enmarca -cuanto menos- en un conflicto de intereses, situación que, en circunstancia alguna, podría ser tolerable en el desempeño de un representante de la Justicia provincial”.
Se trata de una simple muestra de los ejemplos más a mano sobre quienes deberían resultar servidores públicos y cuya actividad luce exactamente al revés: servirse del público incumpliendo con las funciones que se les han otorgado.
Todos ellos tienen algo en común: el desprecio, la dejadez o la indiferencia por cumplir con las normas que les resultan exigibles en su función.
Un país al margen de la ley, el emblemático libro de Carlos Santiago Nino resulta una obra que, pese a sus décadas de escrita, mantiene una vigencia que debería llamarnos a la reflexión. O, mejor aún, a la acción para remediar tal cuestión.
En tal trabajo se describió la anomia frente a las normas como principal componente y causa del subdesarrollo argentino.
“Hecha la ley, hecha la trampa”, “cumplir con la ley… hasta donde se pueda y según convenga”, forman parte de un sentido común que nos identifica como una sociedad con bajo apego a las normas, poco menos que rasgos característicos de una identidad disociada entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos verdaderamente”, como dijera Fabián Bosoer en una nota de mayo de este año en Clarín respecto del libro de Nino.
En una radio en la previa de las elecciones por las PASO, le preguntaron a un argentino que vive en Australia cuál es la principal diferencia entre ambos países. Por qué estando en igualdad de condiciones al inicio del siglo XX, cien años después Argentina retrocedió y Australia se halla al tope de los países desarrollados. Esa persona, un profesor universitario que mal vivía aquí yendo de un puesto áulico a otro, en diez años es decano de una facultad en ese país, no dudó su respuesta: “En Australia se respetan las normas”. Agregó que él no encontró otra diferencia entre ambas realidades.
Para salir de la crisis es necesario cumplir la ley. Sobre todo, cuando no nos están mirando, particularmente cuando no hay nadie que pueda reclamarnos por su inobservancia. Algo obvio pero dejado de lado por no pocos; un actuar que parece simple pero no lo es tanto en la práctica.
También es importante que quienes son responsables de actos que dañan a los particulares y a la sociedad paguen, social, moral y jurídicamente por sus comportamientos. Algo que por suerte ha sucedido con la jueza pampeana y el juez de Paz, aunque no sucede lo mismo con los responsables por la pérdida del juicio por YPF.
El estado actual del país no es económico sino cívico: no se cumple la ley. Se tolera que no se cumpla. Esperemos que cambie de una buena vez tan estado de cosas que nos condena al barro de la corrupción, la exclusión y la decadencia.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
