ESCUCHAREl fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que la presidenta del Banco Nación y ex ministra de Economía, Silvina Batakis, sea llamada a indagatoria en la causa por contrataciones de familiares y allegados en la entidad.
Marijuán también solicitó que hablen los funcionarios del banco María del Carmen Barros, Maximiliano Piantanida, María Alejandra Closas, Juan Pablo Pedemonte y Juan Manuel Romero, además de Verónica Asad, más conocida como “Pity, la numeróloga”.
Todos están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el dictamen que presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti, el agente planteó que hay “elementos suficientes” para sospechar que los nombrados participaron en la comisión de un delito”.
Para el fiscal, la contratación directa de la “numeróloga” acredita el interés de los implicados en el caso para beneficiarse personalmente,
Marijuán sostuvo que la medida se motorizó para “exclusiva utilidad de la Gerenta General”.
Sumó que los funcionarios involucrados en la maniobra, evadiendo las normas en materia de contrataciones administrativas, “le dieron preeminencia al interés personal sobre el funcional”, aprovechando sus cargos “para satisfacer un interés privado”, quebrantando “la esfera de custodia” de los bienes con los que afrontaron la operación.
Aprovechamiento
“El aprovechamiento de la función pública para satisfacer un interés privado no se limitó a la contratación de la numeróloga, ni al nombramiento de familiares y amigos. Se materializó también con el otorgamiento de adicionales para incrementar el sueldo de la Gerenta General”, subrayó el fiscal.
En septiembre pasado, Marijuan imputó a Batakis y a la gerenta general de la entidad, Barros.
El expediente se generó por la denuncia que presentó la diputada Graciela Ocaña ante Daniel Rafecas, momentáneamente a cargo del Juzgado Federal 9, en la cual expuso que contrataron a familiares y a una “numeróloga” en el Nación.
Ocaña expuso que las mujeres, en el ámbito de sus funciones y sin el aval del directorio, contrataron a Asad, para un “curso de coach”, por la suma de $1.800.000; que designaron a Héctor Silva, ex marido de Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas de la entidad, y que nombraron a Pedemonte, hijo Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz.
Bajo la lupa de la justicia quedaron también los ingresos de Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental y la autorización de parte de Batakis a favor de la coimputada para que perciba “plus y premios” que le permitirían cobrar un sueldo mensual que ascendería a $9.000.000 y para que Romero, su pareja, perciba a modo de remuneración $700.000 casi sin asistir al trabajo.
Según Ocaña, las inasistencias de Romero fueron confirmadas por empleados del banco.
En su denuncia, Ocaña afirmó: “El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado”.
Además, recordó que en una entrevista, la “numeróloga” dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la Gerenta General se acercaba a su lugar de trabajo, donde hay cámaras.
“¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los Argentinos”, preguntó.
“Mas que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abonó mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público”, sumó.
