viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Tragedia de Cromañón: ratificaron indemnización para damnificada

CALLEJEROS. Entre los condenados solidariamente al pago en favor de la demandante están los músicos de la banda.
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La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia que ordenó indemnizar a una joven por los perjuicios que padeció por asistir al recital del grupo Callejeros, cuando se produjo el incendio de la discoteca República de Cromañón, que le costó la vida a 194 muertes personas y dejó centenares de heridos.

El Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que fueron condenados en forma solidaría junto a integrantes de aquella banda, apelaron el fallo dictado en favor de C.S. argumentando que no se probó que la noche del 30 de diciembre de 2004 la joven estuviera en el local bailable.

La Cámara evaluó prueba documental y testimonial que acreditó que la accionante figuró en un listado de heridos, debió realizar tratamientos y fue admitida como querellante en la causa penal que terminó con condenas para, entre otros, el fallecido empresario Omar Chabán, los integrantes de Callejeros y ex funcionarios locales. Además, ponderó los padecimientos espirituales y psicológicos que afrontó la mujer, quien fue al recital junto con una amiga que no sobrevivió.

Para justificar los montos otorgados en concepto de daño moral, psicológico y tratamiento médico, sostuvo que para valorar el perjuicio no se podía prescindir de las características que rodearon el hecho; es decir, la presencia de la actora en un incendio que le costó la vida a casi 200 personas, en el marco una situación que “caótica y traumática” en ese momento y “en las horas y días posteriores”.

Por daño moral y psicológico se fijaron las sumas de 400.000 y 337.000 pesos, con intereses a calcular desde que se produjo el hecho, mientras que para cubrir el tratamiento médico se ratificó el monto de 778.000 pesos reconocidos en primera instancia, que también debe ser actualizado.

Los porcentajes de responsabilidad asignados fueron 35% para el Estado Nacional, 35% para la CABA y el resto para el grupo de particulares demandados.

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