ESCUCHARIncluye modificaciones en los procedimientos específicos para la investigación de delitos informáticos y de aquellos casos en los que se requiera el análisis de evidencia digital
La Cámara de Senadores de Salta aprobó el proyecto de ley por el cual se promueve la reforma del Código Procesal Penal de Salta. La nueva normativa busca establecer procedimientos específicos para la investigación de delitos informáticos y aquellos casos en los que se requiera el análisis de evidencia digital. Se considera que, en la actualidad, este tipo de prueba es transversal a todos los delitos.
El texto modifica los artículos 309 y 316 e incorpora los artículos 309 bis, 309 ter, 309 quater, 309 quinquies, 309 sexies, y 72 bis al Código Procesal Penal referente a la investigación penal en el ámbito digital. Ahora será turno del Ejecutivo para su promulgación.
Los magistrados ponderaron el proyecto por considerar que se trata de una herramienta útil para estar a la vanguardia en el país y en Latinoamérica en la investigación de delitos y solicitaron se tenga en cuenta una serie de aportes que buscan asegurar el resguardo de los datos que surgen como evidencia digital y que hacen a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Estos últimos también advirtieron en la actualidad la totalidad de los delitos dejan evidencia digital, por lo que la justicia debe contar con herramientas legales para poder investigar dispositivos o espacios de almacenaje de información, siempre de acuerdo a las garantías consagradas en la Constitución y preservando la intimidad de los datos que pueden surgir de un celular o una PC.
También analizaron los alcances de la figura del agente encubierto digital, que recaerá sobre policías especializados en informática o investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes sólo podrán actuar por orden judicial en tiempos acotados y cuando la necesidad de producir prueba de un delito de tipo informático sea absolutamente necesario. Según datos oficiales, gran parte del trabajo de investigación de los fiscales se basa en elementos digitales o pruebas que están en soportes informáticos.
La iniciativa surgió de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal, creada en 2021 por la Procuración General de esa Provincia.
