ESCUCHAROscar Parrilli fue absuelto, tal como pidió la Fiscalía. La misma medida se dictó con relación a Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda. También se la desvinculó por gastos irregulares en seguridad personal. Ambos casos implicaron sumas millonarias
En mayo pasado, el fiscal federal Gabriel González da Silva reclamó que la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, fuera condenada a cinco años de prisión por el delito de peculado de servicios. Daura llegó a juicio acusada de contratar, entre 2012 y 2015, un sistema de seguridad privada para ella, su familia y su domicilio, sin justificación.
La fiscalía señaló que la decisión de la ex funcionaria le significó al Estado un gasto de 5.511.166,51 de pesos, valor que -actualizado- alcanza 98.090.716,24 de pesos.
Al alegar ante el Tribunal Oral Federal 7, también solicitó que fueran condenados a tres años de prisión en suspenso Mario Enrici y Raúl Desmarás, ex asesor de seguridad y ex gerente General de la Casa de la Moneda, respectivamente.
Además, solicitó para todos los encausados la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los 98 millones de pesos.
El fiscal dio por probado que, entre 2012 y 2015, la Casa de la Moneda contrató a cuatro agentes custodios para el domicilio de Daura, sin fundamento y por un monto desproporcionado.
Indicó que Daura también recluyó a dos choferes para su traslado y el de su familia, un sistema de seguimiento satelital a seis vehículos y la instalación de cámaras de monitoreo en su casa.
Sobre el accionar de los encartados, enfatizó: “Llevaron a cabo una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público”.
Paralelamente, remarcó que procedieron sin consultar si había recursos públicos de seguridad.
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero también llevaron el debate oral por el uso de 800 mil pesos para la impresión del libro La década ganada, durante el segundo gobierno de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que no se hizo.
“En sus manos”
En ese expediente, la fiscal federal Dafne Palópoli pidió la absolución del senador nacional Oscar Parrilli y de otros tres acusados; entre ellos, Daura.
Arguyó que la Casa de la Moneda estaba a cargo de aquella tarea. Apuntó a errores en la interpretación del caso durante la investigación y adujo que los cargos no se probaron y que funcionarios de segunda línea que incurrieron en incumplimientos fueron sobreseídos.
Aseguró que los acusados padecieron “obsecuencia institucional”, porque prometieron hacer el libro para que la ex mandataria “lo tuviera en sus manos” para el 25 de mayo de 2013.
Los otros dos acusados con pedido de absolución fueron Javier Grossman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y Matías Njirjiak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.
Ayer, el Tribunal Oral Federal 7 absolvió a Parrilli, senador nacional y ex secretario General de la Presidencia, y a la ex titular de la Casa de la Moneda Daura en los juicios que se le seguían a ambos.
Parrilli rechazó hacer uso de sus últimas palabras antes del veredicto que luego divulgaron los jueces .
Junto con Parrilli y Daura fueron absueltos otros cuatro acusados.
El próximo 12 de septiembre el tribunal oral divulgará los fundamentos de su decisión.
En el caso del libro La década ganada la absolución se descontaba, por los planteos de la agente Palópoli, pero en el caso de la seguridad el fiscal González da Silva reclamó sanciones, aunque las defensas alegaron que no mencionó “una sola norma” que dijera cuál era la conducta debida para valorar la situación de sus asistidos.
“Es un principio básico de legalidad, del derecho penal ¿Qué norma decía que Casa de la Moneda estaba obligada a pedirle al Ministerio de Seguridad de la Nación? Hay que indicar una norma”, dijo Matías Molinero, abogado de Daura.
Además, repasó la declaración de los peritos y concluyó que dijeron que las medidas adoptadas para la custodia de Daura y su familia era “las adecuadas y las mínimas para cumplir con el objetivo del dispositivo”.
“Históricamente Casa de la Moneda cubrió su custodia con personal del organismo, con empresas privadas y de Policía Federal. Ninguna norma la condicionaba a contratar seguridad privada”, sumó.
