ESCUCHARA horas del inicio de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y pese al repudio de distintos sectores por la posible visita del venezolano Nicolás Maduro, Alberto Fernández reiteró que el mandatario estaba “más que invitado” al encuentro.
Lo dijo en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, en la cual también aseguró que “gran parte de la inflación es autoconstruida” y “está en la cabeza de la gente”.
Ahora, integrantes de la oposición y dirigentes, activistas, referentes de la cultura y del periodismo que desde hace días vienen planteando su rechazo a la presencia de Maduro en el país celebraron que no haya dado el presente en la cumbre de la Celac.
Sin medias tintas, consultada por el medio capitalino Infobae, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó: “Lo frenamos con la DEA. Pánico tiene con esa denuncia”.
La ex ministra de Seguridad de la Nación se refirió de a la presentación que hizo el pasado domingo ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) para solicitar la captura de Maduro si pisaba territorio argentino.
Cabe recordar que recientemente, en su cuenta de Twitter, Bullrich estimó que si finalmente venía a la Argentina Maduro debía ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. “La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”, sumó.
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta opinó sobre el tema desde Twitter. “Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los derechos humanos en la región”, escribió.
Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, quien como titular del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), denunció en Comodoro Py a Maduro y a sus pares de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, por la persecución política contra organizaciones civiles y personas físicas, también ensalzó que el Venezolano no haya aterrizado en el país.
“Tenemos una enorme satisfacción porque cuando toda la gente te dice que no sirve para nada, nosotros fuimos en feria judicial, presentamos una denuncia penal, aportamos testigos y se abrió una causa. Esto es un triunfo de las instituciones y no solamente de levantar la voz y gritar, sino de trabajar a través de las instituciones”, dijo en diálogo con Ifobae.
Por la UCR, el legislador Mario Negri posteó en redes sociales: “Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina”.
En la misma línea, la diputada radical Karina Banfi destacó: “¡Maduro canceló su viaje, un dictador menos pisará Argentina! Quienes violan los derechos humanos no deben ser recibidos por ningún país democrático y ojalá tengan cada vez más miedo de ser detenidos por la Justicia ya que sus crímenes incumben a toda la comunidad internacional”.
En tanto, Soledad Carrizo criticó que “el gobierno dictatorial y no democrático de Maduro en Venezuela” tilde de “neofascistas” a quienes exigen democracia y derechos.
La semana pasada, el Foro Argentino por la Democracia en la Región, conformado por dirigentes políticos, intelectuales, periodistas y referentes de los derechos humanos, como Graciela Fernández Meijide, publicó un video contra la invitación de Fernández a la cumbre de la Celac a Maduro, Ortega y Díaz Canel.
Se titula “Dictadores nunca más” y afirma que para un país como la Argentina, que no olvida los horrores de su propia dictadura, la posible visita del chavista era ofensiva y agraviaba y provocaba a “miles de migrantes”.
Además, criticó la sistemática a violación a los derechos humanos en Venezuela, denunciada por organismos internacionales en la Corte de La Haya; atacó al régimen cubano por tener presos políticos “desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959” y fustigó la situación “represiva y sangrienta” en Nicaragua.
Los integrantes del foto le reclamaron al presidente que anulara las invitaciones y presentaron una denuncia ante la justicia federal, los tribunales de Comodoro Py, contra Maduro, Ortega y Díaz Canel por violaciones a los derechos humanos.
El escrito -que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Germán Pollicita- se sustenta en numerosos informes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Human Rights Watch (HRW), que reportan la persecución política a organizaciones civiles y personas físicas en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Reseñó que siete millones de venezolanos tuvieron que abandonar su país desde que irrumpió la dictadura chavista y que muchos fueron presos políticos y sufrieron vejaciones y torturas.
Señaló que en Cuba se da una cuadro de situación similar y destacaron que en la isla no hay elecciones libres desde que la dictadura castrista tomó el poder, en 1959.
Sobre Nicaragua, precisó que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 600 ciudadanos fueron asesinados en los últimos meses y que el régimen que encabeza Ortega clausuró la mitad de las organizaciones sociales que brindan asistencia en barrios.
ONU
En octubre pasado, Chile y Costa Rica fueron elegidos como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe.
Tras la decisión de la asamblea, Fader celebró la salida del organismo del régimen de Maduro y la llegada de Chile y Costa Rica, dos países que, según consignó en un comunicado, “sí existe democracia y Estado de derecho”,.
“Es una sanción al régimen y, al mismo tiempo, un reconocimiento a los valientes demócratas, a las ONG y organizaciones defensoras de derechos humanos y a las víctimas que siguen alzando la voz pidiendo Justicia”, añadió.
“Cometer crímenes de lesa humanidad debe tener costos internacionales,y uno de ellos debe ser el aislamiento en los organismos internacionales que, justamente, son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos”, cerró el texto.
Venezuela optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del régimen chavista.
Un mes antes, en septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó su tercer informe anual.
Abordó la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los servicios de inteligencia que responden a Maduro, así como la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron hechos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno” para reprimir a la disidencia orquestado por el sucesor de Hugo Chávez.
El reporte indica que los organismos de inteligencia venezolanos funcionan como estructuras coordinadas para ejecutar órdenes dictadas por “los niveles más altos del gobierno” para reprimir a la opositores.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la misión de la ONU.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
Según Valiñas, las autoridades del régimen, incluido Maduro, no respondieron a las consultas y llamadas de la misión y convocó a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela.
En sus informes anteriores, la ONU ya citó el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.
El nuevo reporte ofreció una comprensión más detallada del papel de personas de distintos niveles en las cadenas de mando en la ejecución de un plan orquestado por Maduro y otras personas de “alto nivel” para reprimir a la oposición, incluso mediante la comisión de “gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
La documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas) y “en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
Determinó que el SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos, políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide, también ubicado en la capital del país.
El documento, concluye que el SEBIN y la DGCIM “hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.
“Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la misión.
