ESCUCHARPor Itatí Demarchi (*)
En la representación de la abogacía litigante nos cuesta hacer entender a la sociedad que nosotros también somos trabajadores. Conformamos la primera herramienta necesaria para la realización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática.
Pero la abogacía litigante es mucho más que un pilar institucional clave de la justicia y, como tal, de la democracia. Los abogados y abogadas laboralistas, por ejemplo, ejercemos 24/7 una función elemental para preservar el derecho de las y los trabajadores, especialmente en estos tiempos en que estamos logrando visibilizar la problemática de los acosos y las violencias en las relaciones laborales. Un asunto en el que todos tenemos que ver y en un doble sentido.
Por un lado, tenemos que observar, más allá de mirar, para detectar las situaciones sutiles de acosos y violencias que han contado muchas veces con la complicidad de una mirada no lo suficientemente atenta. Por el otro, cuando ocurre una situación así en la sociedad, todos tenemos un rol de responsabilidad que cumplir, acompañando de manera genuina a la persona que está en situación de violencia.
En el mismo sentido, venimos velando, por medio de las disertaciones y la práctica del derecho, por la protección integral contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo con un sentido federal. Hemos sido parte de los proyectos que incorporan nuevos marcos normativos que regulan estos casos, como los que se encuadran en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhiere desde 2019.
El ejemplo de otro aporte social clave lo otorga todos los días cada abogado y abogada previsionalista, que acompaña al adulto mayor en el momento en que más necesita protección. Esa defensa tan importante es una carrera de obstáculos actualmente para la abogacía previsionalista, en la que los canales de diálogo son prácticamente inaccesibles con los organismos del Estado, con los cuales debemos resolver diariamente trámites burocráticos complejos.
Dichas obligaciones laborales son en realidad una vocación de responsabilidad social que necesita una representación genuina en los distintos espacios de escucha, uno de ellos el Consejo de la Magistratura ¿Cómo puede la Justicia plantear reformas sin conocer las necesidades de la abogacía litigante?
Por ejemplo, mientras las agendas de la abogacía del interior tienen necesidades impostergables, el consejo se centra en las agendas de las grandes ciudades, especialmente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está la representación federal genuinamente equitativa, con igualdad de oportunidades para la abogacía, si el interior no es escuchado?
No puede ser que los lugares vacíos en la Justicia federal de Santa Fe, por ejemplo, permanezcan años esperando ser cubiertos, mientras en Comodoro Py no hay vacantes. Si queremos verdaderamente un consejo de puertas abiertas, es un requerimiento urgente hablar de federalismo real, y la abogacía litigante está preparada para avanzar en esas transformaciones.
También está preparada para liderar otro asunto delicado dentro del elitista sistema judicial, que es el de acercar el lenguaje judicial a la gente de a pie. Tenemos la obligación de explicar en palabras sencillas a la ciudadanía los temas complejos que afectan directa o indirectamente sus vidas. Debemos bajarnos del idioma raro que convierte las cuestiones judiciales en temas sectarios.
Lenguaje simple y sencillo, salir del lugar de cofradía y acercarnos a la gente es el desafío que la abogacía debe proponerse. Las explicaciones de para qué sirven los sistemas de representación y cuán caro es para la sociedad cada órgano de poder, no pueden ser abordadas con mensajes confusos.
El descreimiento que se ha ganado la Justicia en los últimos años alimentó una grieta que relegó a la abogacía litigante a ser un mero observador de las injusticias. En nuestras recorridas por el interior observamos de primera mano los problemas de la colegiatura, y son los mismos colegios de abogados y abogadas los que se entusiasman al oír que pueden ser representados como lo merecen, dignificando auténticamente su profesión.
Un reclamo tan importante de la sociedad, como lo es la importancia de que la Justicia vuelva a ser creíble y encare un proceso de modernización, no puede olvidarse de jerarquizar a la abogacía. La deuda pendiente es reconocer ese rol social; y un debate que nos debemos todos como sociedad es el relativo a que no podemos seguir dilatando la mirada de que los abogados también somos trabajadores y trabajadoras.
(*) Consejera suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía
