Los riesgos de la crisis de representación

La llamada crisis de la representación es uno de los temas más recurrentes del presente. Si bien no es un tópico extraño a los círculos doctrinarios, en ocasiones el debate abstracto se transforma en percepción concreta frente a momentos especialmente difíciles, cuando quienes deben dirigir no se muestran a la altura de las circunstancias.

Aragón Reyes, en un trabajo sobre parlamentarismo y antiparlamentarismo publicado hace ya un cuarto de siglo en la Revista de Estudios Políticos Nº 93, lo entendía como “el problema más crítico que afecta a la democracia”, que se traduce en una erosión de la legitimidad con el consiguiente distanciamiento entre representantes y representados siendo consecuencia de muy diversos factores, pero entre ellos y principalmente destacaba dos: los excesos del llamado “Estado de partidos” y de los defectos del control del Gobierno.

Es interesante la tesis de Rubio Núñez, en un trabajo publicado hace más de diez años, titulado “la guerra de las democracias”: “El problema es que para muchos en los últimos tiempos la democracia representativa ha ido arrinconando a la ciudadanía como un elemento marginal, mera fuerza electoral y no política, cuya presencia se requerirá única y exclusivamente en el período electoral”, lo cual en sus palabras, usando una expresión de Lippmann, transforma deprecia al ciudadano a un “espectador que vota”, lo que deriva en sus palabras en un “proceso de representación que se va haciendo cada día más opaco, generando una creciente desconfianza entre los ciudadanos”.

En las elecciones del pasado martes 12, en el Colegio de Abogados de Córdoba, se vio algo de eso. Según los datos aportados por nuestras fuentes, sobre un padrón de 13.382 abogados votaron sólo 5.076 de ellos, lo que da un porcentaje de concurrencia de tan sólo 37,93%.

Cabe destacar que en 2019, sobre un padrón de 12.248 votantes solo lo hicieron 5.631, un 45,97% que ya se entendía bajísimo por entonces.

Es decir, 62,07% de empadronados no fue. La primera fuerza en estas elecciones -y, por lejos, la más contundente- fue el “no voto”. Algo que se pretende disimular por no pocos. 

Mucho fue lo recogido en ese día electoral. Un dato común de todos a quienes consultamos, con vistas a este artículo, tanto oficialismo como oposición, fue pedir no ser mencionados y siempre hablar en off. En tales conversaciones, la distancia entre autoridades colegiales y colegiados se reiteró no pocas veces: “Nunca ha estado más politizado el colegio”, “se pueden firmar todos los convenios imaginables, pero el abogado caminante diario va a seguir siendo destratado en la Anses, en la comisiones médicas y similares”, “al abogado laburante no le interesa un carajo el colegio y lo bien que hace, porque está en la suya”, son algunas de las opiniones recogidas. 

Otras críticas que circularon por redes sociales en grupos de abogados recriminaban a las autoridades del colegio el hecho de que exigieran el cobro del aporte anual del año 2020 cuando poco y nada se trabajó. También se criticó la falta de convicción en la defensa de los intereses de los abogados, cuando los tribunales permanecieron cerrados por meses con motivo de la pandemia; por ejemplo, en la falta de apoyo del colegio a la marcha de las corbatas. Finalmente, algunos plantearon el rechazo a la colegiación obligatoria, un debate legítimo, que, dada la falta de representación del colegio, ha recobrado vigor.

Es por todo eso que, si bien se habla en público de un triunfo contundente en el oficialismo, hay quienes lo ponen en duda, hasta dentro de sus mismas filas. “Que les sacáramos buena diferencia no quiere decir que hicimos buena elección”, se sinceró uno de ellos, para luego reiterar que hablaba en off. 

Vamos a los números: la lista vencedora, la número 33, según datos que nos aportaron, logró 2.257 votos para directorio y 2.186 para la Comisión Fiscalizadora de Cuentas. La segunda, lista 11 y la tercera, lista 22, lograron 1.231 y 1.158 votos, respectivamente, para dicha primera categoría y así como 1.212 y 1.163 sufragios para el órgano fiscalizador. Una cuarta agrupación, la lista 24, sacó 356 y 360 respectivamente. 

Es decir que, si sumáramos la segunda y tercera, hubieran obtenido más votos que la lista triunfante, lo que habla más bien de un fraccionamiento de las alternativas como causa del triunfo oficial, ya que dos tercios de los votantes no votaron a quien ganó. No es menos que se ganó sólo con los votos de 16% del total del padrón. Se trata de aspectos a tener en cuenta y que, a nuestro entender, desmienten la “contundente victoria” de la que se habló por las redes.

Claro que no es el Colegio de Abogados el único ámbito donde sucede esto. Pero sí es el que más cerca nos toca y que bien vale como ejemplo de muchos otros.

Entendemos por eso que deben dejarse de lado las ambiciones de facción para abordar con una mirada amplia los signos que se muestran en el presente sobre la necesidad de ir a modelos de representación mucho más participativos. Ya sea a nivel nacional o del colegio profesional o entidad similar que sea. Pues como nos dice Pedro de Vega García en “Legitimidad y representación en la crisis de la democracia actual”: “La crisis de la representación y los vacíos de legitimidad política que esa crisis provoca, terminan generando una crisis aún más alarmante y de mayor envergadura como es la crisis del mismo concepto de Estado”. Algo para tener más que en cuenta, sobre todo al efecto de esforzarse para no llegar a ese punto.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales