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COLUMNA DE AMJA
Como secretaria de la Cámara Criminal de Villa Dolores, una de mis tareas es actuar durante la totalidad de los juicios que se desarrollan a diario en nuestro tribunal, dentro de los cuales se producen aquéllos de violencia contra las mujeres y/o violencia familiar y de abuso sexual, en los en su mayoría las víctimas resultan, niñas, niños y adolescentes.
Las cifran duelen: entre los años 2019 y 2021, de un total de 331 sentencias de juicio, 130 sentencias condenatorias corresponden a hechos vinculados a la violencia contra las mujeres que incluye la violencia familiar, en la que encuadran delitos de amenazas, lesiones, privación de la libertad y daño, etc.; en algunos de los casos los niños y niñas también están presentes o resultan víctimas directas de tales delitos.
Pero el dolor se profundiza con los alarmantes números de los hechos de abuso sexual en contra de niñas y niños, entre los años 2019 y 2021, las sentencias condenatorias en estos casos ascienden a 69, con un total de 80 víctimas menores de 16 de años, entre los cuales, hay 6 niñas que padecen alguna discapacidad o con retraso mental y 18 niños varones menores de 12 años. Los condenados por los abusos sexuales, resultan ser familiares directos, tratándose de padres, tíos, hermanos, o allegados que tienen acceso a estas niñas o niños.
La violencia contra las mujeres, niñas y niños, en especial el abuso sexual no se puede naturalizar y se impone la especial atención en la prevención, de estos hechos que afectan la vida de manera irreversible. También es urgente la capacitación, en especial de los abogados de la matrícula, que en algunos casos en sus alegatos de defensa, legitiman y naturalizan el abuso en la infancia, con argumentos tales como, “hay abuso sano y abuso malo de menores”, “Sr. Juez, es común en esta región que un hombre de campo de 38 años te presente a su novia de 14, es normal”, resulta inaudible e inadmisible, con la plena vigencia de la ley 27.499 (Ley Micaela) que letrados expongan este tipo de razonamiento en una sala de audiencias.
Si bien el tribunal ha admitido la participación e intervención de las víctimas o de las madres de las mismas en las audiencias de debate, incluso en la causa “Mías, Julio Agustín p.s.a. abuso sexual, etc.” SAC 7833406” en el que por Auto, Nro. 58 de fecha 23/03/2021, se admite la intervención como querellante particular de una víctima de violencia de género y de abuso sexual en la inminencia del inicio de la audiencia de debate.
Hemos podido observar que la intervención y la participación de las víctimas en algún punto opera como reparador al poder ser escuchadas por los jueces. Pero lo cierto es que las víctimas están solas, muy pocas reciben asistencia legal y psicológica. En algunos casos la soledad y el miedo son tan impactantes que se debe recurrir para el acompañamiento y contención de la víctimas durante el juicio y posterior al mismo con la Red de Mujeres Acompañantes, que no conforman una ONG, sino que es un grupo de mujeres, que de forma desinteresada y comprometidamente, dejan sus teléfonos en las barandillas para acompañar, prestar apoyo y contención a las víctimas en las denuncias o durante el desarrollo de las audiencias y en algunos casos incluso personalmente le gestionan ayudas económicas y psicológicas.
La realidad de las mujeres, niñas y niños en la región es preocupante y es necesario desembarcar con políticas integrales y específicas para abordar esta problemática. No es posible el desarrollo humano digno de una población si las mujeres, niñas y niños de nuestra región están sometidos a la más brutal violencia machista. Es necesario erradicar estos patrones de comportamientos y creencias tan arraigados, donde el cuerpo de las mujeres, niñas y niños están a merced de satisfacer las necesidades de un varón.
Es inaudito como explica el artículo que estos niños padezcan este tipo de violencia , abuso y la Justicia haga oídos sordos ante tan reclamo . Es tiempo que que se modifique el código penal ante estos echos aberrantes. Que los Abogados, fiscales y Jueses tiene conciencia que esto no se debe permitir bajo ningún punto de vista. Y que se castigue con todo el rigor de la ley a los abusadores. Con sentencias firmes y no les den 12 años cono sucedió en el caso del niño abusado por su tio. Las penas deben ser mas severas. De 25 años y no les permiten salir en libertad cuando tienen buena conducta y todos sabemos que salen a los 15 años o menos. Y que los Organismos de Derecho a humanos protejan a las víctimas y sus familiares y así mismo el Juzgado dándoles contención Psicológica. También debe haber embargo sobre los bienes de los imputados para así pagar el daño que se les hace a las víctimas. Ni todo el dinero del mundo le devolverá a ese niño o niña la tranquilidad, por que el daño es irreparable. También la sociedad toda debe tomar conciencia y denunciar. Estos hechos por que muchas de las víctimas tienen miedo por que las amenazan . !!!!