ESCUCHAREl presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó el estado de emergencia y toque de queda que declaró el martes al mediodía, en marco del estallido social que se generó en el país por el paro del gremio de transporte, que inició la medida de fuerza la semana pasada, de manera indefinida, por el alza del precio de los combustibles.
Una vez que trascendió la medida, que implicaba inmovilización social obligatoria, se registraron protestas e incidentes, que incluyeron saqueos, y se reiteraron los pedidos para que Castillo renuncie.
Castillo, dirigente sindical de los maestros, ganó las elecciones con un discurso reivindicativo de los sectores populares, pero el pasado sábado denunció que los líderes de las manifestaciones antigubernamentales recibían pagos ilegales y el ánimo social se caldeó.
En el mensaje a la Nación que se difundió antes de que se organizaran más protestas, sin éxito, Castillo hizo un llamado a la calma y a la serenidad.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, dijo el mandatario.
Alegó además que el objetivo del decreto que emitió (que quedó sin efecto) era “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”.
La Defensoría del Pueblo se manifestó en contra de la medida y la definió como inconstitucional “por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social”.
“No se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta no se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”, enfatizó.
Dirigentes y juristas también fustigaron el decreto emitido por Castillo.
