La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa (La Pampa) aplicó la excepción de la prejudicialidad, en el marco de un proceso civil por daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito.
En sede penal, la investigación fiscal preparatoria aún se encuentra en curso, a pesar de que la denuncia data de 2017.
En ese escenario, los camaristas advirtieron de que “una dilación mayor del proceso penal podría provocar una frustración efectiva al derecho a ser indemnizado”.
“Entendemos así que si el retraso en la investigación penal o la tramitación de vías recursivas ordinarias o extraordinarias en ese fuero se avizoran con retraso significativo, en un modo que impida la continuidad del juicio civil, corresponderá pronunciarse sin sentencia penal firme”, explicaron.Para los magistrados, “la paralización o la demora sin elementos idóneos que permitan una rápida activación o conclusión en el fuero criminal, o el agotamiento de los recursos procesales, habilita excepcionalmente la constitucionalidad del dictado de la sentencia en el fuero Civil”.