ESCUCHAREl plazo establecido inicialmente venció pero la Corte Penal Internacional estableció una prórroga en el marco de la pesquisa por presuntos crímenes en contra de los derechos humanos en ese país
En el contexto de la investigación en curso por violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la Corte Penal Internacional (CPI) le dio un nuevo plazo al régimen de Nicolás Maduro para que responda por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de miembros de la oposición y la sociedad civil.
El fiscal Karim Khan indicó que, con “espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad”, aceptó concederle a Venezuela una prórroga de tres meses (hasta el 16 de abril próximo) para que informe sobre las graves denuncias en su contra.
El plazo inicial expiró el pasado domingo y, según Khan, la extensión “es adecuada y está justificada” debido a “varias circunstancias” que definió como “excepcionales”.
El funcionario también indicó que aquélla le dará tiempo para viajar a Venezuela y “entablar un diálogo significativo con el Gobierno” sobre cuestiones de admisibilidad, con miras a evaluar, entre otras cosas, “el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.
En 2018, la CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.
En diciembre de 2021 resolvió avanzar en su investigación contra Maduro y el régimen chavista.
Aunque según el Ministerio Público venezolano ya imputó a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, la oposición considera que esas acciones se tomaron únicamente para evitar el proceso judicial internacional y “vender una imagen de colaboración” sin cambios reales.
América Latina
Sobre el final del año pasado, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina bajo pesquisa de la CPI, cuando el fiscal Khan abrió formalmente la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Kahn hizo el anuncio en Caracas, en el Palacio de Miraflores -sede del gobierno-, durante la firma de un memorándum de entendimiento con la administración de Maduro, luego de lo cual, en un acto televisado, el líder chavista dijo: “El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no compartimos la decisión pero la respetamos”.
El acuerdo que suscribieron Khan y Maduro indicó que concluyó el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 y precisó que, sin sospechosos ni objetivos identificados, la investigación buscaría “determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
En diciembre de 2020, la antecesora de Khan, Fatou Bensouda, concluyó que había suficientes evidencias sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Luego de un examen preliminar sobre la situación, Bensouda estableció que había fundamentos para creer que “al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno” cometieron aquel tipo de delitos, como encarcelación, tortura, violación y “otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
En un comunicado, enumeró las fuerzas de seguridad de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los delitos, entre ellas: la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
También hizo referencia a las milicias paramilitares al servicio del régimen que comanda Maduro, conocidas como “colectivos”, y precisó que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
Sobre el presunto rol de aquellos actores, la fiscal aclaró que los casos potenciales identificados no estarían limitados a ellos y adelantó que se examinaría el accionar de “los máximos responsables”.
Persecución
La persecución política también figuró en el reporte. Al respecto, Bensouda consignó que los datos disponibles indicaban que “individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores o gente percibida como tal”.
Una semana antes de que trascendiera el dictamen, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió asilo en España y aportó documentos en los que aseguró que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas del régimen.
Según Ortega Díaz, en marzo de 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional porque el Ejecutivo desconoció el Estado de derecho y la separación de poderes.
La mujer sostuvo que Maduro tomó represalias contra ella y su familia y que por ello se refugió en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018.
Añadió que adelantó gestiones ante la CPI en las que sustentó con pruebas la violación sistemática de DDHH por el régimen chavista contra el pueblo venezolano, presos políticos y ciudadanos. Ortega Díaz señaló que ese trámite originó nuevos ataques y amenazas en su contra y que por eso decidió trasladarse a España y solicitar asilo.
Concretamente, argumentó que en Colombia sentía temor por su vida dado que ambos países comparten una amplia frontera que es permeable al libre tránsito. Añadió que España está más cerca de La Haya, lo que facilitaría el impulso de su denuncia ante la CPI.
La antecesora de Tarek William Saab huyó a Colombia dos semanas después de haber sido destituida por la Asamblea Nacional Constituyente chavista. Se desplazó a Bogotá después de haber llegado a Aruba en lancha.
Foro
Esta semana, la ONG Foro Penal cifró en 243 (111 civiles y 132 militares; 230 hombres y 13 mujeres) el número de detenidos en Venezuela a quienes considera presos políticos.
En su cuenta de Twitter, la organización precisó que desde 2014 se registraron 15.751 detenciones políticas en Venezuela y reportó que asistió a más de 12 mil personas -que a la fecha están en libertad-.
En tanto, denunció que hay más de nueve mil personas que siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
