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Los bloques no oficialistas quieren sentar a los 37 senadores necesarios. El Gobierno critica la viabilidad de la medida y anticipó su veto, pero tratará de no llegar a esa situación.
Oficialismo y oposición en el Senado se preparan para otra jornada crucial, pues esta tarde deberán afrontar el debate del proyecto que prevé el aumento de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Las dudas están centradas en si los bloques opositores que impulsan la iniciativa conseguirán el quórum necesario para tratarla en el recinto. Si ello ocurriere, los datos preliminares anticipan la aprobación del proyecto -ya aprobado en Diputados-, pero hasta esta noche no estaba asegurado el tratamiento.
El oficialismo insistirá hoy con su estrategia de no bajar al recinto y forzar así a la oposición a conseguir los 37 senadores necesarios para comenzar el debate. Consiste en una práctica que tanto uno como otro sector han usado alternativamente, parte de las opciones posibles dentro de la táctica legislativa.
“Es la oposición la que deberá conseguir el quórum”, anticipó el senador del Frente para la Victoria Eric Calcagno. “No hay nada definido y estamos listos para defender de la quiebra el sistema jubilatorio”, insistió en declaraciones radiales.
El oficialismo considera que un proyecto que no plantea expresamente cómo se conseguirán los recursos necesarios para elevar los haberes jubilatorios y pagar las recomposiciones y actualizaciones, sólo pretende minar el financiamiento del Estado u obligar al Gobierno a un veto antipopular. Según Calcagno, la aprobación del proyecto representaría “volver a las crisis previsionales”.
Por ello, suele recordar -con escaso éxito- que las fuerzas que promueven el proyecto son las mismas que recortaron 13% los haberes jubilatorios -en alusión a la Alianza- o que los mantuvieron prácticamente congelados durante la década del 90 -refiriendo al Peronismo Federal.
Las cuentas opositoras
Por el lado de la oposición confían en que conseguirán el quórum y la aprobación del proyecto, pero no se relajan ni un segundo. Saben además que, en caso de empate, cuentan con el voto del vicepresidente Julio Cobos.
El senador por el Partido Socialista Rubén Giustiniani evaluó que “el quórum debería estar garantizado si uno repasa las declaraciones públicas” de los senadores. “Por eso, espero que haya quórum”, enfatizó.
Los referentes opositores iniciaron una serie de acercamientos y presiones sobre senadores cuyo voto está en duda, ya sean aliados, “líberos” o más cercanos al oficialismo.
Uno de ellos es el neuquino Horacio Lores -quien tiene un proyecto propio para llegar al 82% móvil de manera gradual, en seis años-, que hasta ayer no había explicitado su postura.
La situación de los fueguinos José Martínez y María Rosa Díaz -también con propuesta propia- genera menos expectativa porque habitualmente votan con el oficialismo, pero esta vez podrían desmarcarse por su pertenencia a la CTA, cuya nueva conducción nacional busca la aprobación de la medida.
La oposición también busca presionar a Carlos Menem -quien en otras oportunidades favoreció con su presencia o ausencia al oficialismo-, para que aporte a lograr el quórum. El riojano anticipó que estará en la sesión, pero no aclaró si antes o después del inicio.
Dentro del Frente para la Victoria, además de Marcelo Guinle -quien adelantó que votará a favor de la iniciativa-, la oposición no descarta el salto del misionero Luis Viana.
Las críticas al proyecto
El proyecto que prevé el aumento de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil ha logrado una unión difícil: el rechazo de voces provenientes de la ortodoxia y la heterodoxia económica. No hay un debate acerca de la justicia de la suba, pero sí acerca de las posibilidades reales de asumirla en las actuales condiciones, sin nuevas fuentes para financiar los recursos necesarios.
Si el proyecto fuere aprobado las jubilaciones deberían pasar a un mínimo de 1.426 pesos y a 1.508 pesos a partir de enero, cuando vuelva subir el salario mínimo. Se calcula que la iniciativa favorecería a 4,5 millones de pasivos.
Voceros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) salieron ayer a criticar el proyecto, pues entienden que pulverizará los logros alcanzados en materia previsional y aumentará 15% la desigualdad en la clase pasiva.
Según la opinión del investigador Demian Panigo, “el proyecto de ley está bien pensado desde un punto de vista maquiavélico”. Si la iniciativa sólo previera el aumento de los haberes hasta el 82% del salario mínimo y propusiera una fuente genuina de financiamiento “no podría estar en contra, y eso independientemente de que haya plata o no para pagarlo”, indicó.
Pero, de acuerdo con el análisis del investigador, “los artículos 5º, 6º y 7º son los tres (artículos) de la discordia y, entonces, el artículo 1º (que prevé el aumento) se convierte en un caballo de Troya”, consideró.
El alza en los haberes generaría un gasto inicial cercano a 23.000 millones de pesos. Pero las mayores erogaciones provendrían de la aplicación de los otros tres artículos: el 5º introduce el Ajuste Eliff, que es un recálculo de los haberes iniciales; el 6º establece pagos retroactivos por haberes mal liquidados entre 1991 y 1995, que se basa en el fallo del caso Sánchez; y el 7º ajusta con un coeficiente más alto con valores postconvertibilidad, apoyados en el caso Badaro.
Sobre la base de las proyecciones del Conicet, estos tres artículos implicarían un gasto de entre 40.000 millones y 50.000 millones de pesos, es decir, cerca del doble de lo que habría que aportar para otorgar el 82% móvil a los jubilados que cobran la mínima. “Es inaplicable porque genera un gasto extra de 60.000 millones de pesos, que amenaza con retrotraer todos los logros hechos en materia previsional a foja cero”, evaluó Panigo.
