ESCUCHAREn 2010, Sebastián Piñera vendió al empresario Carlos Délano su parte en el proyecto minero Dominga, que queda al norte de la región de Coquimbo, por US$152 millones.
Se pactó un pago en cuotas. La última se supeditó a que el gobierno -Piñera lo ejercía- no declarase la zona reserva natural. Cumplida la condición, el pago se hizo en 2011.
Esta información se remitió a la justicia de Chile en 2017 pero Piñera fue absuelto. Luego de la publicación de los Pandora Papers, la Fiscalía Nacional determinó que existen antecedentes nuevos que permiten retomar la investigación.
En paralelo, el martes pasado, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la tramitación de un juicio político para destituir a Piñera y, sin respaldo del oficialismo, consiguió los 78 votos necesarios. El mandato presidencial finaliza el 22/3/2022 y el Poder Legislativo tiene hasta seis meses más para sustanciar el impeachment, pero se realizó un significativo esfuerzo para tramitarlo antes de la elección de autoridades prevista para el domingo próximo.
Éste es el segundo intento de juicio político contra Piñera (el primero fue tras el estallido social de 2019).
Rechazada su gestión, con un piso de 12% de apoyo en la crisis de 2020, la expectativa se cierne en torno a la votación en el Senado, donde se requieren 29 adhesiones para la destitución y la oposición cuenta con 24.
Mucho al mismo tiempo
Desde mediados de año sesiona en Chile la convención destinada a reemplazar la Constitución acuñada por Augusto Pinochet en 1980. Suma ingredientes: paridad de género, candidaturas independientes, cupos reservados a representantes de ascendencia indígena, emergentes de movimientos sociales o de performances en las manifestaciones, imposibilidad para la derecha de ejercer el poder de veto al no alcanzar 30% de los votos necesarios a ese fin.
De los 155 convencionales, 103 no tenían militancia política previa y la agrupación con más representantes apenas obtuvo 27 escaños. No hay bancadas pero se aprecian tres grupos (coincidencias por sobre partidos): uno conservador (38 convencionales), otro aglutinado en torno a la inicial “Lista del Pueblo” (60 constituyentes) y el llamado Frente Amplio (partidos de izquierda), que suma 46. Hay 11 convencionales no alineados.
En tanto, el próximo domingo se presentarán siete listas, que testimonian el desbande de la oferta política tradicionalmente representada por dos grandes coaliciones de derecha (actual oficialismo) y centroizquierda (la Concertación). La identificación entre votante y partido cayó de 53% en 2006 a 22% en 2019 (ahora podría ubicarse entre 10% y 12%). Desde que el voto es voluntario ha caído más de 50% la cantidad de sufragantes.
Con segunda vuelta asegurada, en un panorama que recuerda al peruano por la cantidad de candidatos y sus porcentajes de adhesión fluctuando entre 5% y 20-22%, aparecen un dirigente proveniente del movimiento estudiantil, Gabriel Boric, del Frente Amplio, y el ultraderechista José Antonio Kast (ex Unión Demócrata Independiente, integró la coalición de Piñera, fue cuatro veces diputado, fundó el Partido Repúblicano hace dos años y su perfil se asocia al de Jair Bolsonaro).
Un escalón más abajo se ubican los representantes del establishment político: Yasna Provoste, senadora y ex ministra de la Concertación, y Sebastián Sichel, el candidato oficialista. En el último escalón aparece Marco Enríquez-Ominami, una suerte de “Alberto sin Cristina”.
Como señaló el editor de The Economist, Michel Reid: “Chile enfrenta una elección altamente polarizada, con posibilidades reales de que el gobierno que surja de ella sea o el más izquierdista desde Salvador Allende o el más derechista desde Augusto Pinochet”.
Desafíos para una sociedad en cambio
El PIB chileno creció desde 1984 (salvo los años 1999, 2009 y 2020, cada uno conectado a crisis internacionales). Después de la caída de 5,8% del año pasado, se prevé una recuperación de 8% a 9% anual.
El tipo de cambio (aun con un aumento de 10% en el último año), las acciones y otras variables se han mantenido estables luego del avance del impeachment.
La incógnita macroeconómica apunta a los tres retiros de fondos de pensión autorizados por la actual gestión presidencial que, inyectados a la economía local, influyeron en la inflación, que ha crecido 6% en los últimos 12 meses -contra décadas de estabilidad- y provocado distorsiones de precios no sólo en bienes de consumo (desde zapatos hasta automóviles) sino en el mercado financiero y los valores de las Unidades de Fomento (UF) con que se cotizan los inmuebles y las hipotecas.
Pero los hijos y nietos de aquellos que “crecieron con Pinochet” (parafraseando al Charly García de Demoliendo Hoteles) van un poco más allá. No agrega valor a su cotidianeidad el dato de un PBI en aumento sin discutirse el fondo del crecimiento y sus costos.
Por ello, decidieron divorciarse definitivamente del modelo implantado entre 1973 y 1991. De ahí la convulsión que empezó en 2006 y derivó en violencia hacia 2019, y están en camino de procurar otra ligazón, otro vínculo o pacto. De ahí la incertidumbre.
Como en todo divorcio, sobrevienen impactos en emociones y acervos: catarsis, deconstrucción, inventario y, finalmente, reparto de bienes y compensaciones diversas, en las que volverán a aparecer ciertos equilibrios “por la razón o por la fuerza”, tal el lema chileno por tantas décadas, hoy reinterpretado.
Hay puntos principales: menos confusión entre elites económicas clásicas y las representaciones políticas (reconociendo su dinamismo); identificación entre objetivos institucionales y un renovado paradigma sociocultural.
También una mejor distribución del ingreso y acceso a los bienes públicos; actualización sustancial de las partes dogmática y orgánica de la constitución, considerando nuevos puentes entre ambas, para que las garantías se imbriquen con las políticas.
Es un proceso traumático el que atraviesa, pero Chile presenta fortalezas históricas que le permiten confiar.
(*) Docentes, UNC
