ESCUCHARLa policía del régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, detuvo en Managua a Michael Healy, titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por cargos de lavado y traición a la patria.
La medida se concretó cuando Healy asistió a una citación de la Fiscalía, que actuá bajo el férreo control del Ejecutivo.
Antes de ingresar a la audiencia, el empresario declaró que no temía perder su libertad y, ante la prensa, aseguró que no hizo nada malo.
Sin embargo, fue retenido mientras la policía allanaba su casa. Menos de dos horas después, su segundo en la Cosep, Álvaro Vargas, corrió la misma suerte.
Hasta 2018, el sector empresarial fue aliado de Ortega bajo el modelo llamado de “diálogo y consenso”. Sin embargo, ahora Ortega lo acusa de financiar un supuesto intento golpe de Estado.
Tras las protestas ciudadanas reprimidas con violencia por policías y fuerzas paraestatales, el Cosep pasó a tener una postura crítica con el Gobierno.
Healy es el segundo presidente del Cosep arrestado en menos de seis meses. Antes perdió su libertad José Adán Aguerri, el 9 de junio pasado, cuando el régimen comenzó a detener a opositores con base en distintas imputaciones. En la lista de presos políticos figuran siete precandidatos presidenciales.
Aguerri renunció a la presidencia de la entidad en septiembre de 2020 y se involucró con la Alianza Cívica, un grupo opositor surgido a raíz de las protestas de abril, y se dedicó, entre otras misiones, a negociar la liberación de los presos políticos.
Healy fue elegido nuevo titular del Cosep y encabezó una gestión tibia ante a la radicalización del Gobierno. Ahora, está en la cárcel.
Cabe recordar que Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiendo la libertad de presos políticos en Nicaragua.
Ante ello, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), definió lo sucedido como “lamentable”.
“Es lamentable que Argentina no haya apoyado una resolución de la OEA contra la represión en Nicaragua”, escribió en su cuenta oficial en Twitter el abogado chileno.
“Durante su historia democrática, Argentina normalmente ha tenido una posición clara de defensa a los DDHH. La política exterior zigzagueante del actual gobierno es preocupante”, expresó también.
El dictamen de la OEA se resolvió con 26 votos a favor. A diferencia de sus socios de Mercosur, Argentina optó por unirse al listado que componen Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. El único ausente fue Nicaragua.
Se trata de la segunda resolución que la OEA aprueba reclamándole al régimen de Daniel Ortega que libere a opositores encarcelados.
Hace poco más de un mes, en un discurso ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo internacional, Michelle Bachelet, advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua se habían “agudizado de manera alarmante” y recordó que más de 120 opositores están encarcelados.
En la antesala de las elecciones generales del próximo 7 noviembre, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva, la funcionaria dijo que el deterioro de la situación en el país centroamericano afectará el derecho ciudadano de elegir.
“Resulta imperativo que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses y que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, enfatizó la ex presidenta chilena.
Según Bachelet, desde su última actualización oral sobre la crisis en Nicaragua, en julio pasado, no se observaron avances en la situación de los DDHH “ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones”.
Por el contrario, afirmó que se documentaron 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, además del allanamiento y ocupación de la sede del diario La Prensa, crítico del régimen sandinista.
“Ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y de la sociedad civil por protestar en espacios públicos”, agregó.
Según la oposición, la cifra de presos políticos supera los 140 desde 2018, cuando protestas estudiantiles derivaron en una revuelta social que terminó exigiendo la renuncia de Ortega.
La Alta Comisionada precisó que las detenciones se concretaron “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”.
