ESCUCHARLa historia petrolera de América Latina con sus luces y sombras está pendiente. Enfrentarla es un desafío. El investigador deberá escudriñar los detrás de escena. Los financiamientos espurios de la política y los compromisos que se adquieren para con sus mecenas jamás verán la luz pública.
Todo ese movimiento es el marco en el que los grandes cárteles petroleros maximizan sus ganancias, que aparecen realmente en juegos dobles de libros en los que se asientan al dedillo las ganancias de agencias estaduales y estatales de contralor de la actividad minera y financiera.
Sin mirar pelo ni marca, ante la vista de todos, transitan nuestra calle miles de personajes que no podrían explicar razonablemente el origen de sus fortunas salvo que sinceren su paso por alguna gerencia estratégica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales o Gas del Estado.
Pero esta vez no nos detendremos en esas minucias. Tenemos en carpeta temas más importantes, que hacen al sueño de la independencia energética de nuestra región. Esa que soñaba el general Enrique Mosconi, quien visitó todas las naciones en un intento de convencerlas de que era posible contar con una empresa nacional capaz de extraer, explotar, refinar y comercializar el petróleo nacional frente a poderosos consorcios que han invadido nuestras naciones para quedarse con el oro y el moro.
Esta vez nuestro viaje hacia el corazón de la América hispana tuvo como destino Perú. No contaremos una historia distinta de la del expolio que sufrió toda América. Como tampoco disimularemos la tragedia de los pueblos originarios tratando de defenderse de las campañas de asesinatos y esterilización masiva que -bajo la advocación de la santería propia de la iglesia Católica- llevaron a cabo gobiernos con indisimulado apoyo de los legisladores y congresistas y financiación de grandes empresas mineras y petroleras.
Lo que contaremos en este esquicio será el proceder de los ingenieros Jachamowitz y Boza quienes, a lomo de mula y faltos de agua, atravesaron en 1915 el desierto de la costa peruana. Llevaban la manda gubernamental de que debían mensurar los pozos petrolíferos de Brea y Pariñas, ubicados en la provincia de Talara, departamento de Piura, norte del Perú, explotados por capitales extranjeros.
La discusión por los derechos soberanos con un gerente británico de apellido Sullivan creció en intensidad. Las armas británicas ocuparon el centro de la escena. Los ingenieros peruanos fueron expulsados al desierto sin una gota de agua y con la espalda marcada con petróleo como si fuera una mancha infamante.
El enojo peruano fue proverbial. El presidente José Pardo y Barrera, en persona, dio la orden de marcha. Las fuerzas armadas debían recuperar no sólo el petróleo sino el territorio de Piura, que había sido apropiado por los usurpadores.
Los libros de contabilidad justificaban la resistencia de los petroleros. En ellos quedaba al desnudo que no extraían las 10 pertenencias (medida equivalente a 40 mil metros cúbicos) de hidrocarburos que declaraban sino 1.614 pertenencias. Es decir, pagaban, según contrato, 30 libras anuales de impuestos, cuando la cuenta exacta señalaba 125.
Nuestros límites comarcales son escasos. Por ello las decisiones que tomamos suelen ser arbitrarias. Estamos en 1969. Los yacimientos de la Pampa de Brea y la Quebrada, convertidas en propiedad norteamericana, es causa de violentas fricciones entre Perú y Estados Unidos. El presidente Juan “el Chino” Velasco Alvarado nacionalizó los yacimientos y las instalaciones de la International Petroleum Company (ICP), subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey.
El 3 de octubre de 1968, Velasco y un grupo de militares indignados por el arreglo que había acordado el presidente Fernando Belaunde Terry con la IPC, asestaron un fulminante golpe de Estado.
Días después, la manu militari de Velasco ordenaba la ocupación de la refinería de Talara, también de propiedad de IPC. A las 72 horas de cumplido el plazo impuesto por Lima, luego de estimar los impuestos que no pagó el consorcio estadounidense, el gobierno peruano reclamó más de 1.400 millones de dólares como indemnización. Suma que, según los cárteles petroleros del mundo, doblaba el valor de Talara, la Brea y Pariñas, que el Ejecutivo expropió.
La respuesta de Washington no se hizo esperar. Echó galones de nafta al incendio. Aseguró la Casa Blanca que mantendría una solidaridad activa con la filial de la Standard Oil y los analistas militares se preguntaban: ¿Nixon está en condiciones de abrir un nuevo frente de combate frente al desastre bélico en Vietnam?
La prensa estadounidense anunció una gira latinoamericana de Jane y Peter Fonda para reafirmar las pretensiones soberanas de Perú. Alguna vez trataremos la cobardía manifiesta de los partidos políticos argentinos y de los trabajadores del espectáculo que sólo se atrevieron a trepar el mapa. Apenas una docena.
Estados Unidos, maestro en bloqueos y sanciones económicas y militares, apeló en este caso a la enmienda Hickenlooper, que autorizaba sanciones económicas y militares a las naciones que afectasen intereses privados norteamericanos.
Los gobernantes de Lima -casi en soledad y despreciando el cipayaje de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos- se preparó para soportar la agresión yanqui, que se traslucía en un férreo bloqueo militar y una fuerte agresión económica que impediría colocar el azúcar peruano en el mercado internacional. Asimismo, la Sala Oval presionó los bancos y organismos multinacionales de crédito para que cancelaran sus líneas de préstamos que requería el plan de desarrollo peruano.
La Central de Inteligencia Americana tuvo en el período mucha actividad en el país de los incas. Rearmó los restos de la guerrilla que, en vida, lideraba Luis de la Puente Uceda, promoviendo cientos de atentados terroristas a lo largo y ancho del país.
Fue un puñado de países latinoamericanos los que se solidarizaron con el Perú reformista.
Ante el planteo, la Casa Blanca decidió internacionalizar el conflicto e instruyó al Departamento de Estado lo que sigue:
1. Poner especial atención sobre las actitudes del gobierno de Richard Nixon que promueve la militarización de América Latina. 2. Designar a Nelson Rockefeller como embajador de “Buena Voluntad” por el hemisferio. A los Rockefeller pertenece el legendario imperio de la Standard Oil, dueña a su vez de la ICO del Perú.
Este gesto consolida, de una vez y para siempre, la alianza política, militar y económica entre el Partido Republicano y los intereses petroleros estadounidenses.
Volvemos a esos años. La gira cuasi presidencial de Rockefeller está cuajada de violencia.
En todas las capitales es recibido con enormes manifestaciones y su vehículo apedreado, pese al doble cordón que lo protege. Los gobiernos de nuestros países rinden pleitesía y se postran ante “el Grande Emperador”, ese poderoso petrolero que gestiona la paz en el Oriente Medio y que espera ensangrentar nuestro subcontinente.
Aquél fue el mejor ejemplo de la doble fase de la política latinoamericana. Mientras sus esbirros volaban escuelas, bibliotecas, clubes de fútbol, salas de teatro y secuestraban intelectuales, abrían sus salones a los mejores pintores y muralistas del continente y hacia tenidas poéticas y conciertos memorables, cuyos catálogos y programas pueden ser encontrados en las mejores salas de remate del mundo.
Una apostilla final digna de esta comedia de enredos que protagonizan generales, dictadores latinoamericanos y petroleros: mister Rockefeller fue quien subsidió la traducción al inglés de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, la misma que lo convirtió en uno de los autores más famosos del planeta.
