ESCUCHARPor Kevin Lehmann (*)
El libro Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI (Ed. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2020), de Daniel Innerarity, comienza con la siguiente frase: “La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad”. En otro pasaje, el autor agrega: “Entre las cosas que hacen más soportable la incertidumbre, nada mejor que la designación de un culpable que nos exonere de la difícil tarea de construir una responsabilidad colectiva. Poco importa que muchos candidatos propongan soluciones ineficaces para problemas mal identificados con tal que todo tenga la nitidez de un muro, se haya designado un culpable absoluto o sea tan gratificante como para saberse parte de un nosotros incuestionable”.
Los poderes judiciales pueden encontrar en esas citas instrumentos autoexculpatorios que no son nuevos: la sociedad no nos entiende; nos pide lo que no podemos hacer; el periodismo publica cualquier cosa. Es cierto pero poco útil para mejorar el desempeño institucional. Sin embargo, existe otra posibilidad: mirar la complejidad a la cara y problematizarla.
Empecemos por diferenciar dos conceptos, “complicado” y “complejo”, con base en el libro citado. Los sistemas complicados tienen muchas partes que podemos identificar, cuya interacción tiene resultados previsibles: existe una cierta linealidad. En un sistema complejo, en cambio, no se puede describir completamente el número de sus elementos, su pluralidad, entrelazamientos e interdependencias: no existe una relación directa entre acciones y resultados.
El sistema judicial es complicado en su funcionamiento interno y complejo en su relación con la sociedad y con los demás subsistemas. Internamente es complicado pero responde a procedimientos muy reglados -por ejemplo, el debido proceso-; de manera que las interacciones del expediente circulan por carriles estables y tienen un número acotado de resultados posibles.
No residen ahí sus problemas reputacionales sino en la complejidad, en los vínculos con los demás elementos del ecosistema que lo contienen, porque no existe linealidad: que se denuncien violencias no garantiza la respuesta suficiente -aunque quienes intervienen en la causa pongan todo su empeño-; la gravedad de un hecho no garantiza la capacidad de probarlo; que se encarcele más gente no mejora la seguridad pública, etcétera.
Para fortalecer la independencia judicial es necesario asumir la interdependencia y abocarse a gestionarla. Los poderes judiciales deben asumir la construcción de las condiciones de su autonomía e independencia, no esperar a que otros se ocupen de eso. Hay que intervenir en el espacio público, fuera de los legajos judiciales, para poder hacerlo dentro de ellos con menores interferencias. Es lo opuesto a lo que se ha ensayado repetidamente: en lugar de resistir la invasión de la esfera judicial, ampliarla para que abarque todo el ecosistema. Para lograrlo, es imprescindible trabajar asociadamente con otros actores y agentes; describir la complejidad (y exhibir la vulnerabilidad que trae aparejada); involucrar la sociedad en los resultados del sistema de justicia (como es corresponsable de los resultados del sistema de salud, según vemos en estos meses de manera clara y brutal). Las redes sociales cambian el peso de la responsabilidad acerca de que la sociedad reciba información de calidad respecto de lo que hacen y lo que deciden los poderes judiciales: ahora la judicatura puede comunicarse con la sociedad sin intermediarios. Entre otras cosas, eso abre la posibilidad de rediscutir la relación con el periodismo profesional para hacerla más colaborativa, en beneficio de la pacificación social.
La llegada de la inteligencia artificial impone una responsabilidad distinta a quienes cuentan con el volumen de datos que manejan los poderes judiciales: hay mucha prevención que puede hacerse con ellos si se trabaja coordinadamente con otras oficinas del Estado y con organizaciones sociales. Los feminismos han avanzado mucho en las configuraciones de modelos más inclusivos en materia de género, en la identificación de violencias menos evidentes o menos punibles, en advertir de las conductas que promueven o adelantan abusos; ¿por qué no incorporarlos como auxiliares en la construcción de decisiones vinculadas con esas problemáticas?
Asumirse como parte de un sistema complejo es un ejercicio de humildad, exige pedir ayuda e impide garantizar resultados. El sistema de justicia es complejo y es público, la judicatura será más independiente si cede un poco de su centralidad y convoca a otras/os agentes para que colaboren en la construcción de las respuestas que la sociedad necesita.
(*) Licenciado en sociología y en ciencias políticas
