ESCUCHARLa Cámara Federal de Resistencia, Chaco, confirmó el procesamiento de Lázaro Báez por presunta evasión agravada por el uso de documentos falsos y por el monto involucrado.
Varios de los colaboradores del empresario también están bajo pesquisa. Se trata del ex presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y de su contador, Claudio Bustos.
El tribunal también procesó al socio de Báez y ex senador justicialista chaqueño, Fabio Biancalani, como presunto coautor de tres hechos de evasión agravada.
Hizo lo propio con el abogado Jorge Chueco, quien intentó fugarse y luego suicidarse cuando la Justicia ordenó su captura, en la pesquisa por la causa conocida como la “ruta del dinero K”.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani también fueron embargados por $52 millones cada uno.
Por su parte, la cámara ratificó la falta de mérito para Leandro Báez -hijo de Lázaro- y ordenó profundizar la investigación para determinar si procede dictarle el sobreseimiento.
La investigación judicial comenzó a partir de una denuncia del Fisco, que detectó irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”.
La Justicia concluyó que hay pruebas sobre la existencia de operaciones interempresas (controlada y controlante) con facturaciones importantes por servicios que no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que sirvieron para simular operaciones y justificar movimientos de fondos entre personas jurídicas.
“Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, destacaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias al ratificar los procesamientos.
Báez, Mendoza y Bustos están involucrados en causas similares en Buenos Aires y Bahía Blanca.
En la capital, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, los procesó en marzo de 2018 por la presunta evasión, por medio de Austral Construcciones, de al menos $70 millones, una decisión que fue confirmada.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como integrantes de una asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones y con embargos por $120 millones, aunque la Cámara Federal de la ciudad no resolvió aún si confirma o revoca los procesamientos dispuestos en primera instancia, en diciembre de 2019.
