ESCUCHAREl Gobierno nacional prorrogó el actual régimen de promoción para los biocombustibles, que se aplica desde hace 15 años y vence el miércoles, por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio que está en discusión en el Congreso.
Mediante el decreto 322/2021 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, se estableció la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido por la ley 26093 hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio de biocombustibles, lo que ocurra primero.
La prórroga decidida por el Poder Ejecutivo fue anticipada en los últimos días de la semana pasada por el secretario de Energía, Darío Martínez, durante su visita a Tucumán, una de las provincias productoras de este tipo de combustible sustentable, en particular del bioetanol de caña de azúcar.
El decreto reseña que cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar un nuevo marco regulatorio de biocombustibles, en el que se definirá el rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país.
“Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta el 12 de julio de 2021”, señala la norma.
La iniciativa, que se encuentra para su debate en la Cámara de Diputados, lleva la firma de 15 diputados encabezados por el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix.
La propuesta contempla que la nueva norma tenga vigencia hasta 2030, con la posibilidad de una prórroga de 5 años una vez concluido el plazo inicial.
El proyecto tiene como reformulación sustancial al régimen vigente que establece un corte obligatorio de 5% en el caso del biodiesel, cinco puntos porcentuales menos que el 10% vigente.
No obstante, se podrá elevar ese porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente la autoridad de aplicación en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y razones ambientales o técnicas.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta 3% cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras.
Respecto al bioetanol, la legislación propuesta mantiene el corte nominal actual de 12% y establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser de 6% de la mezcla mínima obligatoria, el mismo porcentaje establecido para el de caña de maíz.
En ambos casos, también se podrá elevar el referido porcentaje nominal o bien reducirlo hasta 3%.
Por otra parte, el proyecto contempla beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
