Juan Pablo Curi, titular de la Fiscalía Federal de Dolores (Buenos Aires), propuso la aplicación del criterio de oportunidad en el marco de una causa que tiene como imputado a un joven que violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en seis ocasiones y estuvo detenido durante casi dos meses, en 2020.
Al hacer su propuesta, el agente citó el inciso d del artículo 31 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece que aquél es aplicable “si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta”.
El fiscal destacó la presentación de la defensora pública oficial, quien se refirió a la condición de “joven altamente vulnerable” del imputado y entendió que “lejos de ser destinatario de una protección especial” se lo persigue sin tener en cuenta que estaba solo, en la indigencia y con padecimientos mentales, “abandonado a su suerte por quienes debían darle protección y asistencia adecuada a la específica problemática que transitaba”.
Además, recordó que la misma posibilidad está contemplada en el artículo 59 del Código Penal (CP):
Los hechos investigados se dieron entre el 20 de marzo y el 6 de abril de 2020, en las localidades de General Madariaga y Valeria del Mar.
Al analizar el caso, el fiscal destacó la presentación de la defensora pública oficial coadyuvante ante el Juzgado Federal de Dolores, Paula Lo Gioia, quien se refirió a la condición de “joven altamente vulnerable” del imputado y entendió que “lejos de ser destinatario de una protección especial” se lo persigue penalmente sin tener en cuenta que estaba solo, en la indigencia y con padecimientos mentales, “abandonado a su suerte por quienes debían darle protección y asistencia adecuada a la específica problemática que transitaba”.
Al igual que la letrada, Curi subrayó la “intensidad de la medida cautelar privativa de la libertad” que sufrió el encausado y estimó que continuar con “la pretensión punitiva” es “irracional”.
La solicitud del agente fue elevada a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con jurisdicción en Dolores, que entendió que es adecuada y, entre otros argumento, planteó que la solución alternativa a los conflictos es promovida en la nueva Ley del Ministerio Público, con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social.