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Biocombustibles: buscan apurar el debate en Diputados

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La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados comenzará a dar tratamiento legislativo al nuevo proyecto de marco regulatorio para los biocombustibles, ingresado el viernes pasado por el bloque del Frente de Todos y que modifica el régimen vigente de la Ley 26093, al bajar a la mitad el corte obligatorio de biodiésel por litro de combustible destinado al consumo.

La cita será mañana a las 10 de la mañana. El diputado Omar Félix, del Frente de Todos de Mendoza y presidente de la comisión, confirmó el rápido tratamiento que tendrá la iniciativa. Primero la idea es “tener una ronda de consultas con los sectores interesados, cámaras y demás, y posteriormente, durante la misma semana, en otra convocatoria a la comisión, ya poder emitir dictamen”, precisó. Félix adelantó que el dictamen podría darse en forma conjunta con la comisión de Presupuesto y Hacienda “dada las urgencias que tenemos y lo acotado de los tiempos”, aunque aclaró que esa posibilidad requerirá “una serie de acuerdos necesarios” que se estarían tejiendo por estas horas.

El proyecto oficialista, que cuenta con la firma de los diputados cordobeses del Frente de Todos, fue rechazado por la Cámara de Bioetanol de Maíz, que ayer emitió un duro documento, aunque recibió el respaldo de otros agrupamientos empresarios. Para el radical Mario Negri, la iniciativa “beneficia a las grandes petroleras y atenta contra el ambiente”, al tiempo que “pone en riesgo a 23 plantas productoras de Córdoba” y “causará la pérdida de miles de empleos”. El bloque de Juntos por el Cambio pidió “prorrogar la presente Ley y discutir una nueva”, sobre otras bases.

Las cámaras empresariales que rechazan la iniciativa advirtieron que, si bien el proyecto es menos ofensivo para el etanol de maíz que el primer borrador que se conoció el mes pasado, el problema central es la amplia arbitrariedad que deposita en manos de la Secretaría de Energía para definir cupos y precios a los biocombustibles y creen que eso podría traer perjuicios a las empresas asentadas en Córdoba y Santa Fe.

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