Diputados nacionales del PRO presentaron un proyecto para enmendar la denominada “ley de alquileres” que rige desde julio de 2020, al entender que no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios.
La iniciativa propone que los contratos vuelvan a ser por dos años; es decir, que se deje sin efecto la ampliación del plazo, que actualmente es de tres años.
También contempla suprimir la cláusula de ajuste anual y con índice del Banco Central y prevé que las partes puedan acordar las subas.
El sector inmobiliario adelantó que la reforma normativa generaría una gran distorsión en el mercado y que, tal como sucedió, bajaría la oferta de inmuebles y los precios de las locaciones subirían.
Es público y notorio que los corredores inmobiliarios -que trabajan para los propietarios pero cobran a los inquilinos- no aplican la nueva ley y vienen exigiendo a quienes alqujilamos hacerlo bajo la ficción del comodato o del contrato comercial regido por el Código Civil.