ESCUCHAREn este último tiempo bien pandémico, los motochoros se digitalizaron para migrar sus métodos a las estafas por Internet, logrando un rol demasiado protagónico de cada titular de una cuenta bancaria.
Cada uno tendrá un conocido que sufrió una estafa que comenzó por las redes sociales, siguió telefónicamente, para terminar, en la mayoría de los casos, en frente de un cajero automático brindando demasiados datos y claves al nuevo ciberchoro.
Lo llamativo es que aplicaron un sistema muy democrático y transversal, ya que las víctimas son de todos los niveles educativos, económicos y sociales, sin distinción de sexos, por lo que los grupos extremos deberían estar conformes al no discriminar a nadie.
Para graficar la cuestión, se cita una causa de phishing en la que una docente mendocina fue estafada al solicitarse un préstamo a su nombre por $200.000 en el Banco Nación. Iniciada una medida cautelar, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ordenó a la entidad bancaria que suspenda de manera urgente los débitos mensuales de $9.000 de su cuenta sueldo, y emplazó al gerente de la sucursal a que informe cuáles fueron las medidas de seguridad adoptadas para garantizar la identidad del usuario y la fidelidad de la operación.
De un lado se encuentran los flamantes ciberchoros y, del otro lado, las víctimas que son el usuario y la entidad bancaria. La constante pregunta es cuál de estos últimos debe afrontar las pérdidas. Por supuesto, ambos sostienen que es el otro.
Desde la óptica del usuario se argumenta que ellos se quisieron contactar a través de las redes sociales con su banco; que, luego de un breve intercambio epistolar, se comunicó su personal por teléfono, cuando comenzó el despliegue de convencimiento para que le fuera informando dato por dato lo que el sistema informático le requería y/o asignaba. Que estaba convencido de que se comunicaba con personal del banco en cuestión.
Desde la óptica del banco, se han desplegado tan diversas herramientas de control de accesos y validación de usuarios que es imposible que un tercero ingrese sin conocimiento de esos datos. Además, al operar ya en el homebanking se le exige que ratifique la operación y tipee unos datos que se le envían a otro dispositivo, normalmente el celular, para comprobar que su titular está realizando la gestión.
Planteado el caso en los Tribunales, como sucedió en Mendoza, buscan proteger al usuario obligando a asumir las pérdidas al banco, forzando a éstos a decidir a cerrar sus cuentas en las redes sociales, como es el caso del Banco Galicia; y a encarecer los servicios financieros para soportar las pérdidas, hasta que un día decidan no brindar más beneficios a través de la banca electrónica.
La solución está en que cada cual asuma las consecuencias de sus propias negligencias, ya sea que el desprevenido fue el usuario, o cuando el banco no alertó debidamente a sus clientes de estos ciberchoros.
*Abogado, especialista en derecho informático
