Concluye hoy el decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus.
De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril “no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.
Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Un protocolo para casos de desalojo
Por otra parte, esta semana se creó el “protocolo de riesgo temprano de desalojo” con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.