ESCUCHARMarisa Graham no se pronunció sobre las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos en esa jurisdicción. Tampoco habló sobre el caso de las embarazadas que están con sus hijos en asentamientos. El año pasado, su adjunto, Fabián Repetto, renunció y apuntó al “uso partidario y discrecional” de la institución que comanda la abogada
La corrección del desempeño del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, está en tela de juicio desde que trascendieron las denuncias por las supuestas condiciones inhumanas de los centros de aislamiento, en Formosa, para pacientes con coronavirus y para los “casos sospechosos”, y por su silencio ante la detención de dos concejales que protestaron para que se aclarara la situación.
Hace 10 días, cuando la policía provincial reprimió, hirió y detuvo a personas que protestaban por la vuelta de la Provincia a fase 1 de aislamiento, por 17 nuevos positivos -entre ellas, periodistas que intentaron cubrir las marchas- se sumaron las voces críticas del rol de Pietragalla Corti.
Cabe recordar que el viernes 5 pasado, mientras aún había gente privada de su libertad y se desconocía el paradero de varios jóvenes, la Secretaría de DDHH emitió un comunicado que generó un escándalo.
Antes de limitarse a afirmar que “el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta” no se justifica, el área le atribuyó lo sucedido a “la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el Gobierno provincial”, al “constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales” y al “uso político” de la oposición.
Los pedidos para interpelar a Pietragalla Corti se acumularon (los primeros datan de enero) y se sumó otro, para que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, también explique en el Senado qué acciones puso en marcha la Nación para garantizar la vigencia de las garantías constitucionales en Formosa.
Desapercibida
Poco después, luego de conocerse la dramática situación que vive un grupo de embarazadas (la mayoría, de comunidades originarias) que se esconde en el monte por temor a que la policía le quite a sus bebés, senadores de Juntos por el Cambio reclamaron la interpelación de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de otra funcionaria que venía pasando desapercibida: la abogada Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Recientemente, la letrada protagonizó dos actividades de alto perfil. A fines de febrero estuvo en Salta y, tras una reunión con los altos mandos de desarrollo social locales, llamó a “evitar la discriminación” de los pueblos indígenas. En tanto, la semana pasada, en Córdoba, ante sus pares de varias provincias, planteó como “agenda federal” para este año “visibilizar y priorizar la niñez y la adolescencia en las agendas políticas y públicas”.
Sin embargo, hasta ahora no se pronunció sobre la situación de las embarazadas formoseñas que están con sus hijos en asentamientos ni se refirió a las denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos.
La gestión de Graham, que llegó a su cargo resistida por varios referentes de la oposición, quedó en la mira a raíz de la renuncia de su ex adjunto, Fabián Repetto quien, a fines de octubre, a menos de seis meses de haber asumido, dejó su cargo y denunció el “uso partidario y discrecional” de la institución.
En una carta que le remitió a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Repetto expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos” que, según escribió, van en detrimento de “una institución independiente capaz de honrar el artículo 48 de la ley 26061”.
El especialista en políticas sociales destinadas a la infancia mencionó “la imposibilidad de diálogo” con el equipo directivo del organismo que, según planteó, “podría promover consensos a partir del plural intercambio de pareceres”.
En seis puntos, Repetto detalló los fundamentos de su decisión. En el primero hizo referencia al presupuesto y cuestionó la difusión, por medio de canales oficiales de la Defensoría, de notas periodísticas que informaban de un aumento del 10 por ciento y aclaró que la documentación recibida evidencia una baja de 2,7 respecto de 2019.
En el segundo cuestionó la “doble vara” que en ocasiones dejó plasmada la acción pública de la defensora, quien tuvo “fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y no fijó postura en “situaciones también dramáticas” que ocurrían en otros lugares. Repetto estimó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.
En el tercer apartado se refirió al vínculo con otros actores relevantes: las cinco defensorías provinciales preexistentes a la puesta en marcha de la Defensoría Nacional y el Congreso Nacional. Sobre las primeras, Repetto afirmó que la defensora implementó “una lógica de escasa humildad y poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, impidiendo que el conjunto de la institución nacional “corte camino” a la hora de instruirse “en múltiples aspectos, propios de una etapa fundacional”. Con relación al Poder Legislativo, sostuvo que hubo “importantes problemas de comunicación”.
El cuarto punto versa sobre el presupuesto interno de la Defensoría. Repetto objetó lo que definió como el “insuficiente acceso a la información” de cómo se estaba y se está ejecutando y habló de “falta de análisis sistémico y estratégico”, planificación o metas concretas para el año que viene.
En quinto lugar, se refirió a los recursos humanos de la Defensoría y apuntó a la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección.
Bajo esa premisa, alegó que la “construcción” de la institución se está llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.
Por último, en el ítem titulado “Éxitos, fracasos y desafíos de la adjuntía”, Repetto estimó que el mayor logro fue “la magnitud y la calidad de la generación de evidencia destinada a informar el posicionamiento público de la defensora”; que la mayor frustración fue la Dirección de Relaciones Institucionales y que el desafío más grande es el Sistema de Monitoreo.
Repetto cerró su esquela recordando que la mayor parte de la infancia en Argentina vive en situación de pobreza.
En noviembre de 2020, la Coalición Cívica/ARI alertó sobre la gravedad del tenor de la carta de renuncia del funcionario.
En un comunicado, consideró que su dimisión profundizó la crisis de la niñez.
La CC/ARI manifestó que la trascendencia de la renuncia de Repetto finca en los motivos que brindó; ello así, porque entre otras anomalías citó “manejo discrecional y direccionado” del organismo por parte de la defensora; “pasividad frente la violación de la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia”; “falta de debate interno” y “nula de articulación con las defensorías provinciales”.
Designación
Hace poco más de un año, el Senado refrendó la designación de Graham por Diputados, que databa de marzo de 2019. Antes de la sesión senatorial, entre otras declaraciones, la abogada anunció que el hambre sería un tema prioritario de su gestión y que por ese motivo recibió “con mucho beneplácito” la implementación de la “Tarjeta Alimentar”.
Tanto su proceso de selección como el resultado generaron polémica.
Cuando a principios de 2017 la Justicia intimó al Legislativo a que acatara la ley 26061, las dos cámaras alegaron que numerosos organismos estatales y organizaciones internacionales se ocupan de la defensa de los derechos e intereses de los infantes. Además, indicaron que el Poder Judicial de la Nación ya cuenta con una oficina para atender a cuestiones relativas al tema y que, en definitiva, la designación era una cuestión sustancialmente política. No obstante, el juez del caso desestimó esas razones y valoró que se daban los requisitos para la admisión del amparo colectivo promovido por fundaciones y asociaciones civiles.
Ante ese panorama, el Congreso puso en marcha los mecanismos institucionales que derivaron en el nombramiento de Graham. La funcionaria expresó públicamente su apoyo al aborto legal y fue cuestionada por los sectores “provida”, pero en varias entrevistas destacó que a los jueces de Familia no se los consulta al respecto y que los 14 finalistas del concurso que ganó pensaban igual que ella.
Utilidad
A principios de 2019, el ex diputado nacional cordobés Juan Brügge objetó la asunción de la letrada y la utilidad de su puesto.
Brügge estimó que tuvo una actitud “discriminatoria” al expresar que iba a defender a los niños que hubieran nacido “deseados”. “Va a utilizar fondos públicos y podría promocionar una idea personal en violación de lo que establece una ley”, dijo. Paralelamente, argumentó que no era verdad que los menores estén indefensos y destacó el trabajo que hacen todas las provincias en la materia, con fondos propios.
