domingo 24, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

San Juan se suma al sistema penal acusatorio

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El Poder Judicial de San Juan comenzó a implementar el Sistema Penal Acusatorio Adversaria  que permitirá la reasignación de los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas, causando un cambio de paradigma en la justicia.

Según se anunció, la implementación será progresiva, encontrándose en una fase inicial en la cual se aplicará a la investigación y juzgamiento de ciertos delitos que hayan sido cometidos en la provincia.

Para ello, fiscalías temáticas y especializadas se encargarán del abordaje de los distintos delitos: Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig); Centro judicial de abordaje de Integral de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de abusos sexuales (Anivi); Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales; Procedimiento Especial de Flagrancia.

La implementación del nuevo sistema asegura una mejor división de roles entre las partes, fortaleciendo la especificidad y profundización de la tarea investigativa; y resguarda la imparcialidad del juzgador al poner al Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación. Se garantiza con mayor efectividad el respeto a las garantías de imparcialidad, inocencia, igualdad y debido proceso.

También se establece una división de tareas entre la actividad jurisdiccional y la administrativa, al instituir oficinas judiciales que brinden soporte a la labor de la judicatura y fiscalía. Esta reorganización descomprime el trabajo del juez y favorece una resolución más rápida de las causas judiciales.

Por otro lado, la aplicación de la oralidad en todo el procedimiento también redunda en juicios más ágiles y sencillos. En el nuevo sistema se reemplaza la instrucción escrita y secreta de la etapa preparatoria y se mantiene la oralidad desde la investigación hasta el debate del juicio.

La reducción de los tiempos en todo el proceso penal que introduce la oralidad implica, sobretodo, plazos más razonables en la duración de la investigación penal preparatoria y en la aplicación de medidas de coerción personal.

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