ESCUCHAREl pequeño país europeo, otrora ejemplo de vida tranquila, se halla en una sucesión de dificultades institucionales por la acción de una sola letrada
Normalmente, se trata de un país respetado por su nivel de vida y de libertades. Pero en los últimos tiempos, el reino de Holanda se ha visto sacudido en su institucionalidad por una crisis tras otra, hasta terminar con la renuncia en pleno del Gobierno holandés del primer ministro Mark Rutte. No era cualquier gabinete. Se trataba de una coalición entre los principales partidos del arco político, que llevó siete meses de negociaciones conformar.
Una monarquía con creciente pérdida de popularidad, un gobierno caído por desmanejos de subsidios y por manifestaciones multitudinarias por libertad reprimidas por la policía al más puro estilo francés, se trata de una combinación no sólo difícil de sobrellevar sino inaudita en la historia política reciente del país, caracterizada por una concordia cívica entre los distintos partidos y de los ciudadanos respecto de sus gobernantes.
La principal causa de la debacle del gobierno han sido las investigaciones de abusos gubernamentales, llevadas a cabo por María Eva González Pérez, una abogada especializada en la defensa de los derechos de los inmigrantes.
Nacida en Cáceres, Extremadura, el 12 de junio de 1973, sus padres se mudaron a Países Bajos cuando tenía dos años. Si por nacimiento es española, por vida y formación decididamente resulta holandesa: ha vivido y trabajado siempre allí. Estudió derecho en la Universidad de Utrecht, donde se graduó en el año 2000.
De una forma muy casual, en el año 2014 empezó a trabajar en lo que luego sería el caso que el 15 de enero de 2021 llevó a la dimisión en pleno del Gobierno de coalición encabezado por Mark Rutte.
Observó por esos días que en la agencia de provisión de cuidadores infantiles de su esposo, en Eindhoven, varios padres habían dejado de llevar a sus hijos. Al investigar el motivo, descubrió que el Ministerio de Economía, mediante lo que entre nosotros resultaría la AFIP, les había reclamado la devolución de ayudas públicas relativas al cuidado de hijos y los había acusado de fraude en su percepción. En algunos casos, el monto de lo exigido llegaba a cifras exorbitantes de 100.000 euros, por lo que muchos de los intimados se vieron obligados a endeudarse para afrontar el pago e incluso en algunos casos se les embargaron sus casas o las perdieron.
El común denominador era que ninguno de ellos era holandés sino inmigrantes procedentes de otros países. En una alta proporción, marroquíes y turcos.
González empezó asesorando a los clientes de esa agencia para que enviaran los documentos solicitados por la administración tributaria para seguir gozando del beneficio. Comprobó entonces que se les pedía devolver las subvenciones recibidas, sin dar explicación alguna, ni tampoco atender a sus alegaciones o documentos. Algo que suele ocurrir en los fiscos del mundo, no sólo en Holanda. Sólo quedaba, frente a ese cuadro de situación, la opción de acudir a la justicia. González concentró entonces su trabajo en plantear el caso ante los tribunales, alegando y demostrando la discriminación étnica en tales procederes.
En diciembre de 2020, un comité del parlamento holandés conformado al efecto de investigar el tema le dio la razón en un informe público, concluyendo que “hubo una falta institucionalizada de imparcialidad” en la retirada de las ayudas. También puntualizó diversos errores cometidos en la asignación de fondos para cuidado de niños entre 2013 y 2019 por el fisco y autoridades de Países Bajos, incluyendo ocultar información al parlamento. La oferta del gobierno de compensar a cada familia afectada con 30.000 euros no paró su caída política.
Tal escándalo se suma a los experimentados en el pasado año 2020 por la corona, ambas en Grecia, motivadas por sus vacaciones: en agosto de 2020 se difundió una foto de Máxima y Guillermo en vacaciones, sin mantener distanciamiento social y sin barbijo junto al dueño de un restaurante. Luego, octubre, se desató una nueva polémica por el viaje de nuevas vacaciones de la familia real, la segunda vez en el año, a su villa de Kranidi, en el Peloponeso griego, mientras Holanda transitaba una cuarentena en la que el gobierno aconsejaba no salir del país. A consecuencia de ello, mientras en abril la aprobación de la monarquía entre la población era de 76%, en diciembre sólo era de 47%. Peligrosamente cerca del republicanismo.
Por su fuera poco, las medidas tomadas para contener la segunda ola de la pandemia de covid-19, en particular un confinamiento parcial iniciado el 14 de diciembre y su transformación en total del 13 de enero al 9 de febrero, afectó no sólo la maltrecha economía sino también el humor social.
Se trató de tensiones en aumento que explotaron el domingo 17, cuando miles de holandeses marcharon por las calles de Ámsterdam al grito de: “¿Qué queremos? ¡Libertad!”. La marcha multitudinaria terminó en choques violentos entre policías y manifestantes, de tal entidad que aquélla debió emplear camiones hidrantes y numerosas unidades antidisturbios, incluso de caballería.
Existe, sin embargo, una luz de esperanza en tan revuelto clima: las elecciones generales fijadas para marzo próximo. Porque, como hemos aprendido en esta parte del mundo nuestra, los problemas de la democracia sólo se arreglan con más democracia.
